“La hipótesis delictiva que se investiga es la asociación ilícita”, explicó este miércoles en declaraciones a la prensa el fiscal Carlos Stornelli, encargado del caso, que fue abierto a raíz de una investigación del diario La Nación en la que se apuntaba al supuesto pago de millones de dólares en efectivo de parte de empresarios a miembros del anterior Poder Ejecutivo.
El magistrado federal Claudio Bonadio, que ya investiga a la ex mandataria por otras causas, la citó para el próximo 13 de agosto, al tiempo que ordenó una veintena de detenciones -a ex funcionarios kirchneristas y a empresarios- que ya empezaron a ser efectivas.
Entre los detenidos están varios empresarios de la obra pública y la energía; como también Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de la cartera que comandaba Julio de Vido, ministro de Planificación Federal durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández (2007-2015), quien ya cuenta con prisión preventiva desde 2017 por otra causa de corrupción.
Asimismo, entre los citados a declarar, además de la ex jefa de Estado, están –según indicaron medios locales, porque la causa está en secreto de sumario– el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, así como empresarios como Rudy Ulloa Igor y Juan Lascurain.
La investigación de los periodistas de La Nación Diego Cabot, Candela Ini y Santiago Nasra, por la que la Fiscalía impulsó el expediente, da cuenta de la existencia de varias libretas en las que Óscar Centeno, chofer de Baratta, apuntó durante una década los datos, en detalles, de los supuestos pagos de las coimas.
El martes por la tarde, el juez ordenó la detención de Centeno, acusado de ser el conductor de uno de los automóviles en los que se recaudaban esos millonarios montos de dinero, y se prevé su comparecencia ante el juez en las próximas horas.
