Los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez, todos de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), imputaron por supuesta lesión de confianza al ex jefe comunal y a más de otras diez personas, entre miembros del Consejo Local de Salud y representantes de empresas constructoras.
Además del intendente Miguel Prieto, figuran entre los imputados los integrantes del Consejo Local de Salud, entre ellos su entonces presidente Walter Hugo García Méndez (actual diputado por el Alto Paraná), el vicepresidente Hugo Benítez Vázquez, el tesorero Salem Esgaib Zugaib y la secretaria Lucía Elizabeth Lisboa de Torales.
Igualmente, también están imputados Sebastián Martínez Insfrán, Sonia Barrios Ramírez, Valeria Fabiana Romero, Karen González Vergara, Fredy Guzmán Martínez y Cinthia Noelia Alen Guerrero.
En el caso del diputado, el juez dispuso la comunicación a la Cámara Baja para que se estudie el desafuero, como señala la Constitución, de modo que sea sometido a proceso penal.
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Asimismo, el magistrado fijó para los días 6 y 7 de abril, las fechas para la audiencia de imposición de medidas cautelares para los procesados. La Fiscalía pide la suspensión de la prisión preventiva.
También fijó para el próximo 6 de setiembre la fecha para el requerimiento conclusivo requerido por el Ministerio Público.
En la causa, el Ministerio Público refiere que los imputados causaron un perjuicio patrimonial de G. 757.166.276 por el pago irregular de obras dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este.
La imputación fiscal
Según dicen los fiscales, entre diciembre de 2019 y agosto de 2022 la administración de Prieto transfirió al Consejo Local de Salud unos G. 11.295 millones provenientes de recursos comunales para inversiones en infraestructura hospitalaria.
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Afirman los agentes que, con esos fondos, se financiaron refacciones, ampliaciones y obras en distintas áreas del Hospital Regional. No obstante, explican que los informes técnicos del Ministerio Público indican diferencias entre los montos pagados y lo efectivamente ejecutado, lo que habría generado un perjuicio estimado de G. 757.166.276 para la Municipalidad.
La Fiscalía apunta que parte de los contratos fueron adjudicados a las empresas SERVMAQ, vinculada a Freddy Guzmán Martínez, y M & M Constructora, de Cinthia Noelia Alen Guerrero. Esta última, según la investigación, incluso podría haber funcionado como una empresa de fachada.
Finalmente, refieren que las contrataciones no habrían seguido los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas y que varias obras habrían sido pagadas sin certificación técnica ni fiscalización municipal.
