Paraguay tiene actualmente una cobertura del 15% si consideramos la población de 65 años o más que cuenta con una jubilación. Esta cifra se eleva a más del 80% en el caso de un país como Uruguay y Argentina, no muy lejos geográficamente, pero a una distancia abismal en cuanto a la protección de los derechos de las personas mayores.
Es decir, mientras en nuestro país más del 80% no cuenta con una jubilación, dos países vecinos muestran resultados opuestos en esta proporción, lo que nos da la señal de que cuando existe la voluntad se puede. Otros países de la región como Brasil, Costa Rica, Perú, Colombia y Chile, aunque con coberturas más bajas que Argentina y Uruguay, sobrepasan ampliamente a la paraguaya.
La posibilidad de cambiar la situación requiere una reforma estructural. Durante los últimos 100 años se han venido aprobando leyes para beneficiar a colectivos particulares: Taxistas, artistas, microempresarios, amas de casa, cuentapropistas, trabajadoras domésticas, docentes privados, entre otros. Sin embargo, la cobertura no ha aumentado a la velocidad de las normas nuevas.
Al contrario, los problemas se han agudizado ya que se ha creado un sistema que reproduce las desigualdades en lugar de reducirlas, violando uno de los objetivos más importantes de las políticas públicas y del Estado que es la redistribución.
El sistema no solo es inequitativo y de baja cobertura, sino que además es insostenible financieramente, subsidiado con impuestos o aportes de quienes nunca lograrán tener el beneficio de la jubilación.
Desde 1950 en que el país cuenta con los dos mecanismos más importantes en la actualidad: El de funcionarios públicos (Caja Fiscal) y el de trabajo en relación de dependencia para el sector privado (Instituto de Previsión Social) ha cambiado radicalmente la situación demográfica, económica y cultural del país.
De una esperanza de vida de 58 años pasamos a 74 años antes de la pandemia y a 70 años después de la pandemia. Hoy vivimos al menos 12 años más que cuando se inició el sistema vigente. Este cambio constituye un desafío para la sostenibilidad financiera.
En términos económicos, el país cuenta con un amplio sector de servicios y un mayor nivel de industrialización, así como un alto porcentaje de mujeres trabajando en el mercado y un bono demográfico, esto le da la potencialidad al sistema de financiarse basado en un esquema solidario y de reparto como el nuestro, pero no lo estamos aprovechando.
En términos culturales también se verifican transformaciones relevantes ya que el sistema está diseñado para un trabajador que empieza en una ocupación o empresa y se jubila sin grandes cambios en su trayectoria laboral. Sin embargo, es difícil actualmente pensar en un joven que aspire a esa trayectoria.
El derecho a la seguridad social está garantizado por la Constitución Nacional, pero su diseño debe responder a la realidad y las exigencias y velocidad de los cambios sociales. La política de seguridad social debe diseñarse para incluir a toda la población adulta de manera que, en la vejez, el país cuente con un mecanismo sólido para garantizar una jubilación para la mayoría y en el largo plazo –al menos 30 años por delante–. Este es un esfuerzo colectivo que debe darse a través del diálogo y la negociación con toda la sociedad, pero que debe ser liderado por autoridades con compromiso con el bienestar de la población.
