La hija del diputado fallecido, Larissa Gomes, a través del abogado Óscar Tuma presentó acusación por mal desempeño de funciones contra los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres.
Asimismo, lo hizo contra el juez Osmar Legal, que realizó la orden de allanamiento a la casa del diputado, quien falleció en el operativo. La hija de Gomes pide que los magistrados sean sancionados.
El parecer de los diputados es que se debe analizar cuanto antes las acusaciones, y la presidenta del JEM, Alicia Pucheta no incluyó el tema debido a que los expedientes deben seguir un circuito.
En la sesión de ayer se presentaron solamente tres integrantes: Pucheta, César Garay Zuccolillo y César Ruffinelli, este último de forma virtual. El proceso que debe seguir para que ambas acusaciones puedan tratarse en la sesión del JEM, consiste en que la institución le notifique a Gomes, a que acredite la condición de litigante o profesional afectado en la causa penal denunciada, bajo apercibimiento de que se le tenga por desistida de ambas acusaciones que ha presentado. Si se cumplen conforme a la ley especial se deberá librar los oficios a las respectivas oficinas de Fiscalía y al Juzgado para pedir un informe pormenorizado, además de la copia de la carpeta fiscal y del expediente judicial a fin de revisar las actuaciones de los intervinientes y en caso de no ser notoriamente improcedentes se analiza la admisibilidad de la acusación.
Esto, una vez cumplido en el orden del día en que se tienen todos los elementos para ser analizados por el pleno del jurado.
De esta forma, si la próxima semana culmina este circuito, el caso podrá ser analizado por el pleno del organismo.
Cabe señalar que el diputado y vicepresidente Orlando Arévalo había solicitado la suspensión inmediata de los tres fiscales y del juez. En la sesión extraordinaria del 19 de agosto, se resolvió poner a consideración del pleno la viabilidad del inicio de una investigación preliminar de oficio o un enjuiciamiento, en un plazo que va hasta el 18 de setiembre.
Sanción. Hay versiones de que los magistrados estarán siendo sancionados por su actuación y que el cartismo dejará libre de culpa y pena al ministro Enrique Riera, a quien solicitaron su renuncia tras el operativo que terminó con la muerte del legislador.
