Se inhibieron de la causa los jueces miembros del JEM, Raúl Torres Kirmser, por motivos de amistad con Corbeta, y Gladys Bareiro de Módica, por su relación con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en cuya sede se registró el crimen de Rodrigo Quintana en la madrugada del 1 de abril del pasado año.
Los demás integrantes del organismo resolvieron por unanimidad iniciar el enjuiciamiento del juez penal de garantías de Capital Alcides Corbeta, y de la fiscal de la Unidad Penal Nº 2 de Capital María Raquel Fernández.
Los motivos que sostienen el supuesto mal desempeño de Fernández son tres, según el pleno del Jurado. En primer término, la agente fiscal se negó a realizar un cruce de llamadas solicitado por la querella adhesiva, como diligencia fundamental, que tenía un plazo de seis meses para ser obtenido, transgrediendo el criterio de objetividad establecido en el artículo 54 del Código Procesal Penal.
El segundo argumento para su enjuiciamiento es que la fiscal además descartó esta diligencia como elemento de cargo, como establecen los artículos 54, 280 y 318 del Código Procesal Penal y, finalmente, el tercer motivo es haber denegado este cruce de llamadas a través de la Resolución Nº 189 del 25 de septiembre de 2017, contradiciendo los artículos 172 y 173 del Código Procesal Penal.
El JEM resolvió además solicitar a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de la representante del Ministerio Público.
Juicio a Alcides Corbeta
Por su parte, Corbeta será enjuiciado por supuestamente no haber ejercido su rol de juez al momento de dictar el Auto Interlocutorio Nº 714 del 11 de octubre del 2017, rechazando la petición de la querella sobre el cruce de llamada que Raquel Fernández había negado.
El magistrado deberá presentarse a comparecer el 13 de marzo en audiencia ante el JEJM para prestar declaración informativa sobre el caso.
El hecho
El joven líder liberal Rodrigo Quintana fue asesinado en la madrugada del 1 de abril del año 2017 a manos de agentes policiales que ingresaron sin una orden oficial a la sede del PLRA, donde se refugiaba un grupo de personas que participaron de la manifestación en contra de la enmienda constitucional que podría habilitar la figura de la reelección.
