De acuerdo con el ingeniero Guillermo López Flores, teniendo en cuenta los precedentes, no se espera una postura negativa de parte de Brasil. En sus palabras, la principal amenaza es no llegar a tiempo para una negociación de la tarifa.
“Durante 2024 a 2026, Brasil aceptó pagar la tarifa de USD 19,28 por kW/mes, que dejó al Paraguay unos USD 650 millones anuales para obras”, explica. En palabras de López Flores, el entendimiento firmado por Paraguay y Brasil en mayo de 2024 plantea que desde 2027 la tarifa refleja solo el costo estricto de operación, sin costos discrecionales. A partir del pago de la deuda de construcción en 2023, la fórmula del Comité de Estudios para la Evaluación del Costo Unitario del Servicio de Electricidad (Cecuse) de la Itaipú Binacional arroja una tarifa de entre USD 8 y USD 10 por kW/mes.
Desde ese cálculo, es probable que se llegue a “una tarifa al costo del servicio y el fin del acuerdo operativo del reparto del excedente, que privilegiaba al Paraguay con energía barata”, advierte López Flores. “Según el acuerdo de 2024, ese acuerdo operativo rige hasta el 31 de diciembre de 2026: para prorrogarlo hay que escribirlo, y si nadie lo escribe, vence”, agrega.
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En ese escenario hipotético, Itaipú sigue funcionando (sueldos, mantenimiento, royalties mínimos), las luces siguen encendidas en los dos países y desaparece el plus de USD 650 millones. “Brasil diría, con razón: ‘estamos cumpliendo el Tratado’”, indica el especialista.
Por otro lado, esto implicaría un alivio directo para la ANDE. “La ANDE compra a Itaipú la potencia que necesita a la misma tarifa que paga Brasil. Pasar de USD 19,28 a entre USD 8 o 10 por kW/mes reduce ese costo entre 38% y 48%, según estas cifras”, analiza.
Esto no significa que se reduzca la tarifa del consumidor. “Ese ahorro es para sus finanzas, no para la factura. Lo que el usuario gana es otra cosa: con la tarifa de Itaipú a la baja, no se produce el aumento tarifario que ya estaba previsto para el año próximo”, sostiene.
En el análisis que propone el especialista, hay una bifurcación inevitable: “Es la cara y la cruz de la misma moneda: el Fisco pierde los USD 650 millones para obras, la ANDE respira y el consumidor se ahorra un aumento”.
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¿Qué conviene hacer?
A pensar de encontrarse frente a una disyuntiva, Paraguay puede tener una salida, según los planteos que el ingeniero López Flores comparte. Propone “cambiar el argumento para el planteo de los gastos sociales ambientales por argumentos técnicos defendibles”.
Ejemplifica con los servicios complementarios (los que mantienen estable la frecuencia y la tensión del sistema), que Itaipú presta desde hace décadas, como por ejemplo 427 MW potencia de reserva. Si se reconocen y se remuneran con precios proporcionales a los costos evitados, el ingreso puede compensarse con un gasto equivalente en fondos socioambientales y la tarifa queda neutra. “Eso se negocia como regla técnica, no como favor político”, remarca.
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Otras decisiones que observa necesarias son las siguientes: “Presupuestar como si el 1 de enero llegara sin propina” y “aprovechar la venta de la energía propia no consumida en el mercado brasileño, que el acuerdo de 2024 habilitó”. En ese sentido, es clave que estas negociaciones se realicen en un contexto de transparencia y, sobre todo, con la búsqueda de ganancias para el país.
“El Anexo C y la tarifa de Itaipú importan, pero ningún resultado posible cambia por sí solo el rumbo del país: define cuánta plata entra, no cuánto rinde ni cómo se emplea. Podemos negociar el mejor contrato con Brasil y seguir administrando el sector con un modelo de organización arcaico que tiene 62 años”, finaliza.
