Las primeras reflexiones al inaugurar la 22 sesión del Consejo de Derechos Humanos fueron de la alta comisionada de Naciones Unidas, Navi Pillay, quien criticó el “fracaso” internacional en la búsqueda de una solución a la crisis siria, que ha causado 70.000 muertos en menos de dos años de guerra civil.
Lamentó que a pesar de las “repetidas informaciones sobre crímenes generalizados y sistemáticos” en ese país, las potencias que integran el Consejo de Seguridad de la ONU no hayan alcanzado un acuerdo -por oposición de Rusia y China- para llevar el caso de Siria a la Corte Penal Internacional.
El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Ahmet Davutoglu, denunció los abusos en el país vecino y que han generado un drama humanitario que le afecta directamente tras haber recibido a más de 185.000 refugiados sirios y destinado 600 millones de dólares para atender sus necesidades básicas.
Si bien una gran parte de la atención estará puesta en Siria, por el peligro de desestabilización regional e internacional que supone, el Consejo también tiene en su programa tratar sobre las inquietantes situaciones en Birmania -con un conflicto sectario entre la comunidad budista y la minoría musulmana que ha originado graves violaciones de los derechos humanos- o en Irán, desde donde llegan constantes denuncias de represión.
Sobre esos dos países, el Consejo será llamado a renovar el mandato de los expertos designados por la ONU para vigilar la situación interna de libertades y derechos fundamentales.
Este año, las peticiones para que el Consejo actúe en el caso de Corea del Norte son más fuertes y las denuncias sobre su sistema de campos de trabajos forzados debe llevar a Japón y a la Unión Europea a presentar un proyecto conjunto para que la ONU establezca una comisión investigadora de esta cuestión.
El Gobierno de Sri Lanka deberá exponer sus avances en investigar y sancionar los crímenes de guerra supuestamente perpetrados durante la última fase del conflicto interno que duró treinta años, aunque varios observadores consideran que en realidad nada se ha hecho a ese respecto, lo que justificaría que el Consejo cree igualmente una comisión internacional de investigación.
En medio de la intervención militar francesa, el Consejo debería igualmente adoptar una resolución pidiendo el despliegue de observadores de derechos humanos en Mali para evitar eventuales actos de venganza contra las minorías musulmanas y tuareg a las que se identifica con los grupos armados islamistas que tomaron el control del norte del país.
Más allá de países en concreto, el órgano de la ONU tiene en su agenda dar espacio al debate sobre la urgencia de luchar contra la impunidad y de velar mejor por la protección de los activistas, que mueren por decenas en el mundo por ejercer esta misión.
Justamente, en materia de reforzamiento de la sociedad civil está previsto que se presente una resolución en favor de las ONG para que no sufran trabas para recibir financiación desde el extranjero.
En este ámbito, el caso más evidente es el de Rusia, donde una reciente ley obliga a las ONG que reciben recursos del exterior a autodenominarse como “agentes externos”, lo que mina su credibilidad.
