El Instituto de Previsión Social (IPS) informó avances en su plan de mejoramiento tras las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) en el marco de la auditoría a la ejecución presupuestaria 2024, particularmente en el rubro de servicios personales.
Uno de los principales cuestionamientos, identificado como Observación N° 1, se refiere al pago de G. 3.471 millones en concepto de bonificación por grado académico, monto que, según la CGR, excedía lo permitido por la normativa vigente.
En su defensa, el IPS mediante un análisis de Talento Humano, sostuvo que dichos pagos se realizaron conforme al Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, homologado por el Ministerio de Trabajo en 2023, lo que —según la institución— les otorga respaldo legal. No obstante, tras la intervención del ente contralor, se resolvió establecer un tope de G. 1.500.000 por funcionario desde agosto de 2025.
Este punto ya fue considerado subsanado, alcanzando un nivel de cumplimiento del 100%, aunque sigue vigente un proceso judicial impulsado por sindicatos que reclaman el cumplimiento íntegro del contrato colectivo, refirieron desde IPS.
En cuanto a las Observaciones N° 2 y N° 3, la CGR cuestionó pagos por más de G. 2.290 millones en bonificaciones, G. 1.466.906.668 por responsabilidad en la gestión administrativa y G. 823.119.999 por gestión presupuestaria a funcionarios de alto nivel, señalando que no se ajustaban plenamente a la normativa. El IPS argumentó que un dictamen del Viceministerio de Administración Financiera habilita a funcionarios con cargos jerárquicos a percibir este tipo de bonificaciones, siempre que no se acumulen ambas. Sin embargo, persisten dudas sobre si los cargos de “director” están incluidos dentro de este esquema.
A raíz de esto, la Contraloría solicitó ajustes adicionales en marzo de 2026, lo que llevó al IPS a elevar una consulta al Ministerio de Economía y Finanzas para clarificar el alcance de estas disposiciones. Sobre este punto la CGR subrayó que las acciones que realizó IPS con esta consulta eran insuficientes por lo que persiste el cumplimiento parcial
Mientras tanto, la institución sostiene que la reglamentación vigente del Presupuesto General de la Nación 2026 no exige un manual de funciones como condición para el pago de estas bonificaciones.
Actualmente, el cumplimiento de estas observaciones se sitúa en un 80%, quedando pendiente una definición normativa clave sobre los cargos de nivel superior.
El IPS aseguró que todos los avances fueron comunicados a la Contraloría y que continuará adecuando sus procedimientos conforme a las disposiciones de los organismos de control.
