Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del IPS, indicó que la Carta Orgánica establece que debe realizarse un estudio actuarial de la reserva técnica del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, de forma a determinar el grado de solvencia con que cuenta la caja previsional para poder cubrir los aumentos anuales.
Cubas indicó que el martes recibieron los datos financieros y el informe de la Asesoría Actuarial, en donde se confirmó que la inflación del 2023, según el reporte oficial del BCP, es de 3,7%.
Dijo que con base en esos documentos prepararon el informe que remitieron al Consejo de Administración para su estudio y aprobación.
La gerente señaló que la caja jubilatoria cuenta con un fondo reservado de G. 3.000 millones para destinarlos al aumento de los haberes jubilatorios. Aclaró que los reajustes se realizan en base al haber percibido y que tienen efecto retroactivo, desde enero de este año.
En la fecha se reúne el Consejo de Administración de la previsional, por lo que Cubas estima que este punto se incluiría en el orden del día de los temas a tratar.
En caso de que no se trate, la gerente de Prestaciones Económicas aclaró que este punto debe ser aprobado indefectiblemente por los consejeros y en caso de que no lo traten hoy, lo harán en la próxima sesión, en febrero.
Alegó con respecto a esto que, de todas maneras, aunque el Consejo apruebe el reajuste el próximo mes, igualmente el pago tendrá efecto retroactivo y regirá desde el mes de enero.
“El reajuste depende del haber, para una persona que percibe G. 10 millones, el aumento se aplica exactamente sobre el 3,7%. Se paga a todos por igual, porque eso es lo que establece la Carta Orgánica del IPS”, expresó Cubas.
haber mínimo. Además, está el grupo que recibe el haber mínimo jubilatorio, que se paga por disposición de una ley que indica que debe percibir el mismo porcentaje de reajuste de los demás y de acuerdo a la inflación.
“Existen dos resoluciones que rigen para el haber mínimo jubilatorio, de los años 2020 y 2021, que establecen que un grupo percibe el 50% del salario mínimo legal y el otro grupo percibe el 65% del salario mínimo, dependiendo de ciertas características. A ellos también se les aplica, por un lado, el ajuste del salario mínimo, en julio de cada año, y también se les aplica el reajuste en base a la inflación, en enero”, explicó.
Recalcó que existe disponibilidad presupuestaria para pagar los reajustes, mientras que el informe actuarial que garantiza la posibilidad a corto plazo, y a pesar de que tendrán que buscar los mecanismos para financiar esos gastos, asegura que están dadas las condiciones para que se concreten esos pagos.
Dijo que todo el informe técnico pormenorizado de cómo se financiarán los reajustes fueron enviados al Consejo de Administración, cuyos consejeros estudiarían hoy y, eventualmente, aprobarían esos pagos desde enero.
Cubas informó que el Consejo de Administración está sesionando normalmente, no interrumpe sus reuniones por vacaciones, y de hecho están convocados a reunirse hoy.
