El consejero Carlos Pereira solicitó a la presidencia del IPS un informe sobre la situación real en la que encuentran los inmuebles, sobre todo, aquellos que están arrendados, para conocer el precio de los alquileres cobrados por la previsional, el plazo de concesión de cada propiedad arrendada y su situación legal.
Pereira indica que, desde el punto de vista técnico, se precisa entender cuántos de los inmuebles que componen la cartera de inversión del IPS actualmente se encuentran identificados, si están comercialmente rentabilizados y rindiendo en los activos de la institución y al mismo tiempo, el consejero pidió identificar cuáles son los inmuebles que hoy no están produciendo renta o que, en muchos casos, no están incluso aún inscriptos a favor del IPS. “Hay muchos bienes que fueron adjudicados en la dación de pago por los bancos que quebraron en la época de la crisis financiera, que habían sido transferidos a IPS por colocaciones de certificado de depósito, por lo que recibió un resarcimiento de inmuebles en la acción de pago”, dice.
Muchos de esos inmuebles recibidos sigue, hasta hoy en día, sin ser titulados y documentados, y solo se procede a encarar esos trámites, en caso de que sean solicitados expresamente en alquiler o se hagan llamados a concurso.
ARRENDAMIENTOS. Última Hora accedió a un listado de los inmuebles que actualmente se encuentran en arrendamiento, en donde figuran los precios de alquileres pagados por los arrendatarios por propiedades que se encuentran en el Departamento de Boquerón y en varias zonas de Asunción, principalmente.
El listado recibido, con los costos que se pagan por los alquileres, no representa ni por asomo la totalidad de las propiedades con arrendamiento activo con que cuenta el IPS. De hecho, las autoridades que asumieron recientemente en la previsional siguen solicitando informes para conocer y actualizar el estado de cada inmueble que forma parte de la reserva técnica del ente.
Hugo Díaz, director de Inversiones del IPS, señala que la última tasación de los inmuebles pertenecientes al ente se realizó en el 2012, aunque ve difícil encarar una actualización debido a los altos costos que representarían para la administración. “Son prácticamente 900 inmuebles, por lo que a medida que eso se va volviendo una unidad de renta, o cuando hay gente interesada, o hacemos los llamados, entonces ahí encaramos la actualización de la tasación. No se tasa con el valor histórico, sino con el valor actualizado. Hay que decir que todos estos costos de tasación no afectan a los Fondos de Jubilaciones y Pensiones, que es el que tiene más recursos, sino que afecta a los gastos administrativos, que también tiene sus prioridades”, explica.
Por tanto, Díaz añade que las tasaciones se irán haciendo en la medida de lo posible o que exista un interés particular en algún inmueble para el arriendo, hasta tanto se encare una política diferente en cuanto a los inmuebles.
Pereira agrega que la nueva Ley de Pensiones, aprobada el año pasado, podría habilitar la venta de los inmuebles y la realización de inversiones inmobiliarias, cosa que la Carta Orgánica de la institución no permite en la actualidad.
