Pedro Halley, ex gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS) y presidente de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJPy), informó que durante una reunión realizada este martes instalaron el frente denominado “Coordinadora Nacional de Asegurados Activos y Jubilados del IPS”, cuyo objetivo será buscar eliminar la corrupción en la previsional y recuperar los fondos que fueron “malversados”.
Detalló que el objetivo central es exigir al Estado el pago de los USD 304 millones mediante emisión de bonos soberanos, y evitar con esto que el IPS se vea obligado a endeudarse. Esta propuesta está incluida en el proyecto de ley de Salvataje financiero del Programa de Salud del IPS, presentado por el senador Juan Afara ante el Congreso Nacional, pero fue cajoneado por orden directa de la administración de Santiago Peña.
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Sostuvo que esperan que el documento sea tratado, mientras que advirtió que el Gobierno impulsa la iniciativa del diputado Yamil Esgaib que declara emergencia y permite el uso discrecional de fondos, por lo que temen que se utilicen recursos del fondo de jubilaciones.
“Queremos que se trate ese proyecto para que se destine exclusivamente a salvar el colapso por lo menos hasta fin de año (...). El Gobierno dio la orden directa de que se avance con el proyecto de Esgaib, que es un mamotreto jurídico porque no tiene fuente de financiamiento. Dice se declara emergencia, el IPS puede gastar lo que sea y ahí tenemos miedo de que terminemos usando fondos de jubilaciones y eso va a ser catastrófico”, advirtió.
Como primera medida, el frente solicitará una audiencia con el senador Juan Afara para impulsar el tratamiento del proyecto de ley de pagos. Posteriormente, buscarán reunirse con el titular del IPS, Isaías Fretes, y con el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera. Además, planifican una movilización frente al Congreso para el próximo 28 de julio, día en que Fretes está citado a declarar ante una comisión legislativa.
También piden justicia
Además de solicitar que se cumpla con dichas obligaciones financieras, las organizaciones exigen que las denuncias mediáticas que se están llevando adelante también deriven en denuncias ante el Ministerio Público y, sobre todo, en las sanciones correspondientes.
“La postura casi unánime ya de todos los dirigentes gremiales sindicales que estuvieron hoy es que ya no quieren escuchar discursos mediáticos y denuncias teatrales. La gente quiere que se denuncie ante la Fiscalía a quien corresponda y asumir las consecuencias sea quien sea, incluido el propio gobierno, que manteniéndolo a (Jorge) Brítez (ex presidente de IPS) en el cargo fundió el seguro de salud”, denunció.
“Tenemos que tomar medidas más concretas en términos de recuperación y no solamente actuaciones mediáticas. El señor Fretes es una persona para nosotros demasiado respetable, con una trayectoria impecable, no queremos que salga convertido en el bufón del gobierno”, alertó a su vez.
Halley también advirtió que se percibe “una tremenda preocupación” en toda la dirigencia gremial, debido a la “crítica situación” en la previsional, ante la falta de turnos, médicos y medicamentos insuficientes, especialmente para las patologías severas o graves.
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“La industria farmacéutica no va a proveer gratis. El gobierno no se está dando cuenta de que está poniendo en riesgo la salud o la vida de 1.600.000 paraguayos. Aparte ahora se sumó la crisis con las enfermeras que no van a tener su equiparación salarial merecida (…). Crítica es la situación del seguro de salud de IPS, pero esa criticidad no debe abrir las puertas ni poner en riesgo siquiera la solvencia del fondo de jubilación”, concluyó.
El encuentro se desarrolló en la Caja de Jubilados de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en Asunción, y el frente quedó conformado por la Asociación de Asegurados de IPS, la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP-Auténtica), la Organización Sindical Sectorial de Jubilados y Pensionistas, entre otras más de 20 organizaciones de activos y jubilados.
“Exigimos que cualquier otra alternativa de financiamiento del Programa de Salud del IPS, originada en el Gobierno Nacional o en el Poder Legislativo, sea sometida al análisis de los aportantes activos y jubilados, a efectos de evitar el uso de las reservas financieras e inmobiliarias del IPS, e impedir nuevos endeudamientos institucionales”, sentencia un comunicado del colectivo emitido este martes tras la reunión.
