El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) resolvió cancelar el proceso de licitación y emprender una auditoría interna con relación al controvertido caso del mantenimiento de ascensores del Hospital Central. Este procedimiento, que originalmente preveía una inversión de G. 3.500 millones, se encontraba bajo cuestionamiento por presuntas irregularidades.
El llamado a licitación, denominado “Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con provisión de repuestos a demanda de ascensores del Hospital Central del IPS”, quedó oficialmente anulado. Paralelamente, se inició una auditoría interna cuyos resultados serán remitidos al Ministerio Público para adoptar las medidas correspondientes. Uno de los aspectos más polémicos del proceso apunta a la presunta intención de beneficiar a la empresa Renfe SA, a pesar de las objeciones y observaciones realizadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
En este contexto, el presidente del IPS, Dr. Isaías Ricardo Fretes, expresó una postura firme respecto a las posibles consecuencias legales de las irregularidades detectadas. Según sus declaraciones, tales hechos no pueden quedar impunes, y enfatizó la importancia de que la asesoría legal dictamine el curso de acción adecuado.
Manifestó además que, si corresponde, el caso deberá ser trasladado a la Fiscalía. Desde su perspectiva, estas acciones buscan fortalecer la credibilidad institucional al demostrar la seriedad con que se abordan estas situaciones.
“Este es el ejemplo del daño que se hace al asegurado y que esta administración carga sobre sus hombros. Una situación que no debería de pasar nunca más”, refirió el titular de la previsional.
Durante una sesión del Consejo, el Dr. Fretes expresó también su preocupación por el impacto directo de esta problemática en los asegurados. Actualmente, el servicio de ascensores en el Hospital Central opera parcialmente, mientras que los elevadores en funcionamiento presentan un estado deficiente que compromete la seguridad de los usuarios. Según declaró, esta situación constituye un claro ejemplo del daño producido a los asegurados, un problema que no debería repetirse bajo ninguna circunstancia.
“¿Cuánto tiempo lleva otro concurso licitatorio?”, consultó Fretes a sus asesores y obtuvo como respuesta: “Tres meses”, por lo que aseveró que el impacto para el asegurado es enorme. “El pobre carga la culpa del pecador”, expresó el galeno con relación a la situación.
Además, recientemente se hizo público un dictamen elaborado por la Dirección Jurídica del IPS, bajo la dirección de Pablo José Morínigo. El informe señala que la empresa Renfe SA realizó entregas relacionadas con el Contrato Nº 135/25 por un valor de G. 380.792.729, relativas a una adjudicación ya anulada. En consecuencia, dichas entregas habrían tenido lugar fuera del marco contractual correspondiente.
Cabe mencionar que el llamado a licitación identificado como ID 454.806 por un monto total de G. 3.500 millones figura en el portal oficial de la DNCP. A lo largo del proceso, Renfe SA, empresa vinculada a este caso, registra antecedentes desfavorables e incluso una suspensión en su historial comercial. Formalmente, la compañía aparece registrada a nombre de Andrea Carolina Aranda Duarte, conocida como Andy Duarte, ex modelo paraguaya; sin embargo, las investigaciones señalan que el verdadero propietario sería Rafael González Thorne, un ciudadano peruano con historial cuestionable.
La gravedad del caso compromete tanto la transparencia en la gestión de recursos públicos como el bienestar de los asegurados del IPS, razón por la cual resulta crucial esclarecer tanto este como otros tantos y aplicar las sanciones pertinentes a los responsables.
