La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en contra del intendente Luis Carlos Rojas, por parte de las concejalas Viviana Aponte y María de la Cruz López.
Se habla de lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso, asociación criminal y defraudación al erario público, entre otros delitos.
Supuestamente, se produjeron malversación de fondos públicos, además de presuntas sobrefacturaciones de bienes y servicios en contratos adjudicados, sin justificación técnica, así como la supuesta ejecución de obras fantasmas y otras que habrían quedado inconclusas, pero que figuran como terminadas.
La denuncia recae sobre el intendente, ex comandante de la Policía Nacional, y su equipo en la Comuna.
Con la orden de allanamiento librada por el juez Guillermo Ortega, se incautaron documentaciones, tales como resoluciones de adjudicaciones, actas de sesiones ordinarias y extraordinarias.
También la Fiscalía recogió contratos, resoluciones de convocatorias a proveedores y los balances de los años 2022 al 2024.
