El pedido de interpelación al ministro de Urbanismo y Vivienda, Juan Carlos Baruja, vuelve a estar en el orden del día de la Cámara de Diputados y esta vez como primer punto de la sesión de este martes.
Desde finales de marzo, la oposición intenta la aprobación de la interpelación al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, pero este tema, si bien ingresa en el orden del día, no es analizado. En la última sesión, debido a que la sesión quedó sin cuórum, no pudo ser estudiado.
El pedido surgió a raíz de denuncias sobre el uso político y clientelar de viviendas sociales con la adjudicación de un departamento en Luque a favor del entonces senador Javier Chaqueñito Vera.
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Desde Honor Colorado, los legisladores señalan que corresponde rechazar el pedido. “El rechazo a la interpelación al ministro Juan Carlos Baruja se fundamenta en la necesidad de priorizar la estabilidad institucional y evitar el uso político de herramientas constitucionales que deben aplicarse con responsabilidad”, manifestó el líder de bancada de los diputados del cartismo, Miguel Ángel Del Puerto.
Mencionó que ya se ha analizado en bancada. “Tenemos nuestra posición por el rechazo porque también consideramos que los motivos iniciales ya fueron totalmente aclarados”, refirió.
A su criterio, “sostener este pedido ya sería por motivos netamente políticos y vuelve a incluir en el orden del día porque no ha sido tratado aún y a pedido de un legislador”.
Desde Honor Colorado, la interpelación perdió fuerza tras la salida de Javier Chaqueñito Vera vía juicio de pérdida de investidura.
El proyecto cuenta con dictamen por el rechazo de una mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La propuesta de interpelación incluye un cuestionario de 16 puntos en el que se solicita al titular del MUVH explicar los criterios técnicos, sociales y administrativos utilizados para adjudicar las 12 viviendas tipo departamento del complejo habitacional ubicado en Luque.
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Asimismo, se pide detallar cuántas solicitudes fueron presentadas, aprobadas y rechazadas, además de informar si entre los beneficiarios existen personas con vínculos familiares, laborales o políticos con autoridades públicas.
Los legisladores también exigen explicaciones sobre la Resolución N° 413/2025, mediante la cual se modificó el mecanismo de financiación y se unificaron criterios para la convocatoria pública de postulación.
El cuestionario además incluye consultas sobre los mecanismos de control implementados para evitar conflictos de interés, las verificaciones socioeconómicas realizadas a los adjudicados, auditorías internas y eventuales investigaciones administrativas abiertas tras las denuncias públicas relacionadas con el caso.
