El diputado de San Pedro alertó de la posibilidad de que se cree el caldo de cultivo, antes de fin de año, a otro episodio que lamentar en el Norte, parecido al de Marina Cué, acontecido en 2011. En este caso, se trata de un pedido para la ocupación efectiva de las 11.000 hectáreas administradas por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes (Senabico) y que son pretendidas por la Coordinadora de los Sintierras del Norte para fines de la reforma agraria.
Vera usó el atril y de inmediato puso a conocimiento de sus colegas que el próximo 5 de diciembre o dan solución al sector campesino en su reivindicación sobre tierras de Senabico, o los campesinos están dispuestos a todo.
“Yo no voy a ser cómplice ni tampoco quiero que este Parlamento lo sea, de lo que vaya a ocurrir. Quiero que sea el instrumento legal e institucional que pueda contribuir a resolver ese grave problema y creo que el Parlamento como poder del Estado puede constituir una herramienta válida para buscar una solución legal y legítima de esta problemática”, señaló.
Dijo que la reivindicación de los campesinos es legítima y estos demuestran coraje en su movilización. Expresó que no cree que las organizaciones campesinas desistan de su pedido de poder usufructuar el latifundio de la estancia Lucipar.
Alertó de que si el Estado no da una solución a la tierra y este pedido en particular, por la vía pacífica y legal, y opta por oponerle fuerza a la movilización, puede crecer la tensión y no descarta que se convierta en un episodio que lamentar.
“Conozco a estas organizaciones campesinas, actúan con coraje y convicción y no los van a hacer desistir de su reclamo. Seguramente el Estado va a poner las fuerzas públicas y puede ocurrir una segunda Marina Cué aquí, colegas. Ellos van a invadir, ocupar la tierra el 5 de diciembre y por ese hecho, el presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) fue no para apoyar, sino preocupado por la situación”.
Expuso además datos sobre la situación agraria de la zona y en general en el sector campesino.
Las investigaciones dan cuenta de que a principios de siglo, el campesinado paraguayo ostentaba poco más de 13 hectáreas por familia y a mediados del 2013 ya solo contaba con la mitad, es de decir, 6,5 hectáreas.
Afirmó que a esta altura esto se agravó y cada campesino, por distintos motivos, producto de la migración, por el cultivo extensivo y la expulsión del campo a la ciudad, solo cuenta con 3 hectáreas, lo que calificó de “inviable” para el desarrollo del sector.
Ley permite dar solución al problema vía Indert
De acuerdo con Pastor Vera, la ley faculta a Senabico a donar bienes que tiene en su poder y en este caso, solicitan que la donación se haga a Indert, de tal modo que el ente agrario –que últimamente es muy cuestionado por la entrega de tierras a sectores del poder– se aboque a la entrega a los campesinos.
“La Ley de Senabico 5876/2017, esta ley es fundamental recordar, ya que establece “donar bienes incautados y comisados a entidades públicas o de beneficiencia siempre y cuando se justifique el interés social. El artículo 49 es claro además. La Senabico con los bienes productos de instrumentos o ganancias sobre los cuales se ha ordenado el comiso podrán subastarse o donarse a aquellas instituciones que los hayan tenido como uso provisional”, refirió.
“Para dar solución al campesinado, propone que “Senabico debe preparar un contrato de donación al Indert y que este haga lo que corresponda una vez ocurra el comiso”. Además, agregó que hace “un llamado al Poder Judicial, a los jueces para que aceleren este proceso y que ocurra lo que deba ocurrir”, señaló.
Expresó además que la Senabico está en la pavada y que en vez de que las tierras comisadas dentro de la competencia que la ley le otorga sean para un fin como la reforma agraria, “se pasan subastando paila ha olla tujakue”, señaló acompañando su presentación de, efectivamente, imágenes de utensilios que fueron comisados a narcos y que publicó Senabico.
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Bejarano bajó otra propuesta en plenaria. Se trata de que el Ejecutivo lidere este proceso para que no se vaya de las manos. Instó para ello al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, a crear una mesa de diálogo interinstitucional que incluya a los afectados, al Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo.
Movilizados
La última reunión campesina contó con líderes de base de distintos distritos que están prestos a “desalojar a los extranjeros que están tomando esa tierra”. Son de Lima, Tacuatí, Nueva Germania, Resquín y Villa de San Pedro.
Un grupo de campesinos nucleados en la Coordinadora Sintierras del Norte decidió ocupar el inmueble perteneciente al narcotraficante conocido como Cabeza Branca, ubicado en Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. Según señalaron, durante más de seis años intentaron, sin éxito, que el latifundio fuera distribuido entre campesinos conforme a lo dispuesto por la Constitución Nacional, tras haber sido incautado por la entidad estatal encargada del efecto, la Senabico.
