Resulta fácil notar ciertos patrones de conducta en las autoridades públicas cuando se produce una serie de crímenes que, de una forma u otra, impacta a la sociedad. Los hechos dejan en claro que las soluciones que el Estado esbozó y puso en práctica en materia de seguridad nunca funcionaron, principalmente por su visión cortoplacista.
En los últimos meses una seguidilla de violentos atracos perpetrados por asaltantes que se movilizaban en motocicletas enlutó a varias familias en todo el país. Solamente a partir de los casos que llegan a la prensa se desprende esta alarmante cifra: los delincuentes en motos matan a una persona por mes, si no es más, principalmente en la zona metropolitana y en las más grandes ciudades del país.
La muerte de Liz Teresita Arzamendia quizás conmovió más por sus trágicas circunstancias. Liz Teresa era una joven madre que llegaba a su casa para ver a su hijo luego de un arduo día laboral cuando fue interceptada por dos jóvenes que terminaron matándola por un celular que luego vendieron por 50.000 guaraníes.
Por donde se mire, existe un agudo conflicto social que dispara los índices de delincuencia. Las drogas, la falta de oportunidades y la desesperanza son factores decisivos en esta problemática.
Desde hace varios días que legisladores hablan de reformar el Código Penal para sancionar más a los criminales. Como la Constitución prohíbe la pena de muerte, varios diputados tuvieron que conformarse con la idea de poder aplicar la cadena perpetua. Como en otras ocasiones, se argumenta en contra de las medidas sustitutivas a la prisión y a favor de una política de “mano dura” para, de alguna forma, reducir los índices de delincuencia.
Lo que pocas veces se menciona es que, en realidad, hace mucho que Paraguay es paulatinamente más estricto en el uso de medidas sustitutivas y a la par endurece sus penas carcelarias. Solo en los últimos años se sancionaron leyes para prohibir la concesión de medidas a personas con antecedentes y se elevó la pena máxima a 30 años de cárcel.
Los resultados están a la vista: este año alcanzamos el récord histórico de 10.000 presos en un país con espacio para 6.000 reclusos. Para colmo, los mismos problemas de inseguridad se manifiestan cíclicamente. Esto nos deja atemorizantes declaraciones de diputados que desean volver a la pena de muerte y ridículas propuestas, como la de prohibir a los motociclistas el uso de cascos. Mientras tanto, en las calles, las vidas humanas siguen cotizándose a 50.000 guaraníes y menos.