Sucesos

Iniciarán uso de pulsera electrónica en procesados por violencia familiar

Las autoridades comenzaron los trabajos para reglamentar la Ley 5863, que está desde el 2017, y en un plan piloto que apunta a reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios del país.

Desde el Ministerio del Interior y de Justicia vienen trabajando hace varios días en la reglamentación de la Ley 5863 que establece la utilización de dispositivos electrónicos por personas procesadas y condenadas, de modo a reducir la superpoblación en los centros penitenciarios. También participan representantes de la Presidencia de la República y de la Corte Suprema de Justicia y consultores que vinieron de Chile.

“Desde el lunes estamos teniendo reuniones. La idea es reglamentar la ley que la tenemos desde el 2017, queremos reglamentar para su uso”, explicó Alejandra Peralta, viceministra de Política Criminal del Ministerio de Justicia.

Peralta detalló que ayer se tuvo una reunión en el Ministerio del Interior, donde se barajó la posibilidad de establecer un plan piloto para empezar a utilizar el dispositivo con privados de libertad por casos de violencia familiar. “Se pretende bajar en un plan piloto, conversamos la posibilidad de abarcar la población de hechos punibles de violencia familiar, para cumplir doble propósito, aplicación de una pena menos gravosa al escarcelamiento y la protección de la víctima. Es un hecho punible de impacto social, garantizamos que la persona pueda someterse a un tratamiento psicológico, de manejo de ira, que va a estar monitoreado. Y evitar el acercamiento a la víctima”, agregó la funcionaria.

Este plan afectaría a 1.400 personas que están privadas de libertad por estos hechos, en todo el país.

modificación. Sin embargo, la viceministra reconoció que para darse este hecho, se debe volver a modificar un artículo de la ley, que establece que el uso de los dispositivos electrónicos debe darse a casos de delitos y no de crímenes y también utilizados en personas que ingresan por primera vez al sistema penitenciario.

De las reuniones, además de los representantes de los Ministerios del Interior y de Justicia, participan representantes de la Presidencia de la República, de la Corte Suprema de Justicia y asesores extranjeros.

Por su parte, Ramiro Ocampos, director de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, explicó que no sólo depende del tiempo para la implementación y que deben realizarse una serie de ajustes.

“Implica una serie de insumos para la cobertura necesaria. La aplicación será en forma progresiva. El monitoreo tiene que ser eficaz, idóneo y rápido, para que pueda darse el informe correspondiente en forma oportuna en caso de la violatoria”, detalló.

La cifras
1.400 personas privadas de libertad podrían beneficiarse con el plan piloto de los dispositivos electrónicos.

Monitoreo estará a cargo de la Policía Nacional

En principio, la ley establecía que el Poder Judicial sería la encargada de velar el uso de los dispositivos electrónicos a través de un monitoreo que debían de hacer los jueces de Ejecución. Pero como desde el Palacio de Justicia alegaron que no contaban con la infraestructura necesaria para realizar este trabajo, la Cámara de Senadores modificó el artículo 7 de la ley 5868 y estableció que será el Poder Ejecutivo el encargado de los controles. Finalmente, la responsabilidad cayó en el Ministerio del Interior, que a través de la Policía Nacional monitorearán, en específico por parte de agentes del Sistema 911.

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