En la edición se ayer se destaca que en el 2024 solo hubo 10 condenas en casos de millonarios delitos por corrupción y corresponden a los casos de Justo Pasto Cárdenas, José Enrique García, Rody Adán Godoy, Nelzo López, Froilán Peralta, Raúl Fernández Lippman, Carlos Soler, Francisco Alvarenga, Ostaciano López y Hugo Javier González. Sin embargo, son casi 120 los casos emblemáticos.
Para ilustrar la narrativa, mencionaron la teoría de las “ventanas rotas”, una idea que transmite desinterés y deterioro. “La teoría de las ventanas rotas sostiene que si una ventana rota no se repara, pronto todas las ventanas estarán rotas. Sus autores —Willson y Kelling— sostienen que un vidrio roto en un auto abandonado transmite un mensaje, una idea de deterioro, de desinterés y de despreocupación que paulatinamente habilita a ir rompiendo códigos de convivencia, porque se entendió como mensaje la ausencia de ley, de normas, de reglas, como que vale todo, lo que promueve cada vez más serios crímenes. Nuestras organizaciones (Somos Anticorrupción Paraguay y Coordinadora de Abogados del Paraguay) adhieren a esa teoría, porque, aplicada a los casos de corrupción, un solo caso que quede impune es una “ventana rota legal” que transmite con fuerza un mensaje claro de deterioro de la calidad de la administración de la justicia”, menciona el informe del año 2024.
Añade además que ese deterioro se notó con mayor fuerza desde el año pasado, año que nos deja como país “un preocupante mensaje de ventanas legales cada vez más rotas, producto de la paulatina pérdida de independencia del Poder Judicial”.
Fiscalía. En cuanto al Ministerio Público, el informe señala la ausencia de soluciones tecnológicas de libre acceso a información significativa / analítica como: formación de fiscales, Nº de carpetas fiscales procesadas por fiscal, estado actual de investigaciones de casos de corrupción, entre otras.
Asimismo, hace referencia a la tecnología obsoleta o inexistente para manejar grandes volúmenes de datos, realizar análisis financieros e investigar delitos sofisticados. Menciona que la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) no ofrece un mecanismo adecuado para realizar seguimiento a denuncias.
También mencionan la escasez de recursos humanos y capacidades profesionales clave como contabilidad forense, análisis y cruce de información financiera y ciberseguridad, fundamentales para investigar casos de corrupción complejos.
Asimismo, refieren la dependencia de peritos contratados y/o de otras unidades, sin la suficiente especialización en temas complejos de corrupción y delitos económicos. Lo cual genera retrasos y carencia de profundidad en las investigaciones.
“En general, se constata la falta de interés de la FGE de una gestión transparente para mantener informada a la ciudadanía sobre avances de denuncias y casos de corrupción. Cuando se decide desestimar o archivar investigaciones de casos emblemáticos de corrupción, esta decisión no se comunica adecuadamente ni se socializan los argumentos legales que sustentan dichas resoluciones”, sostiene el informe.
