14 jul. 2025

Informe presidencial: Logros pero con desafíos pendientes

Casi dos años después de asumir la presidencia, Santiago Peña presentó un informe económico marcado por contrastes. En un contexto de desafíos estructurales –como la dependencia de commodities, informalidad, desigualdad y adversidades climáticas severas–, el reporte destaca logros macroeconómicos, pero también deja en evidencia promesas electorales incumplidas y aspectos controversiales aún sin abordar de forma estructural, como combate a la corrupción y la instalación de una carrera del servicio civil, sin los cuales será imposible avanzar.

Por otro lado, algunos éxitos –como el aumento de las recaudaciones tributarias y del gasto público– deben ser relativizados debido a la persistencia del gasto público de baja calidad y la corrupción.

A esto se agrega la presión que ejerce el pago de la deuda, cuyos montos ya superan el gasto en salud, uno de los principales déficits del Gobierno. A pesar de que se anuncia un aumento en la inversión social destinada a esta importante función gubernamental, mientras se mantenga un modelo curativo, alejado de la atención primaria, basado en la expansión de la infraestructura edilicia, pero sin la dotación suficiente de recursos humanos, medicamentos e insumos y con altos sobrecostos, los resultados seguirán siendo insuficientes.

De igual manera, otro éxito macroeconómico, como el de la inflación promedio relativamente baja, se diluye al considerar el incremento de los precios de alimentos que afecta de manera sobredimensionada a más del 70% de la población.

El informe destaca el hecho de que Paraguay obtuvo finalmente el grado de inversión, un indicador exitoso para la macroeconomía, lo que posiciona al país como un destino atractivo para la inversión extranjera, especialmente en manufactura (maquila), energía renovable (solar, eólica) e infraestructura. Esto debería contribuir a la diversificación, pero el informe no da cuenta de las medidas específicas que Paraguay está implementando para garantizar que dicho logro se traduzca en los cambios que Paraguay requiere para mejorar la calidad del empleo, por ejemplo.

La dependencia del sector agroexportador y de la generación hidroeléctrica sigue siendo importante. No se percibe una estrategia clara, concreta y financieramente robusta para desarrollar la industria o servicios de alto valor agregado a gran escala que reduzcan la vulnerabilidad de los precios internacionales y del clima.

La agenda económica parece disociada de la ambiental. No hay una hoja de ruta clara para una transición hacia una economía verde o para mitigar de manera efectiva los impactos ambientales de sectores como la ganadería extensiva o la agricultura intensiva, más allá de declaraciones genéricas. Las medidas informadas son de pequeña escala, puntuales y destinadas en gran parte a mitigación y menos a adaptación.

Si bien el reporte hace referencia a programas que mejorarían el capital humano, como el almuerzo escolar o el empleo joven, estos son insuficientes en términos cuantitativos y cualitativos para lograr que el grado de inversión, la estabilidad macroeconómica y el crecimiento del producto interno bruto se traduzcan en mejores ingresos laborales y estos en una mayor calidad de vida.

Los logros en materia de formalización económica señalados en valores absolutos no se reflejan en los porcentajes. Por ejemplo, la informalidad continua en más del 60% de la población ocupada, incluso en sectores sumamente dinámicos y apoyados por la inversión pública como es el caso de las construcciones.

Paraguay está siendo poco ambicioso en sus metas, así como en los resultados esperados. Nos quedamos con bajas coberturas de programas, con políticas fragmentadas y sin aspiraciones de cambios estructurales.

El informe económico de Peña muestra una macroeconomía sólida y resiliente, un logro significativo. Sin embargo, los vacíos en diversificación, formalización, política social y sostenibilidad, sumados a las controversias sobre energía, tierra, transparencia e integridad, plantean serios desafíos. El éxito a largo plazo dependerá de abordar estos temas con mayor audacia, equidad y visión integral, más allá de los números macro.

Más contenido de esta sección
Tras la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Paraguaya, los obispos expresaron su preocupación por “la crisis y el escándalo” que afecta a los tres poderes del Estado, ante las denuncias de tráfico de influencias y el poder del narcotráfico. Que la corrupción logre socavar nuestro sistema democrático es también otro motivo de preocupación, frente a manifestaciones de retroceso que se ven a diario. No se puede permitir que la corrupción, la impunidad y el crimen organizado sigan echando raíces en nuestras instituciones.
Las carencias y las improvisaciones volvieron a marcar el inicio de un nuevo año escolar en las instituciones públicas. El programa insignia del Gobierno de Santiago Peña, Hambre Cero, enfrenta tropiezos y sigue mostrando improvisaciones. Como cada año, surgieron problemas en la entrega de los kits escolares, sumados a la preocupante normalización de la precariedad en la infraestructura de escuelas y colegios. Es inaceptable que la solución a los problemas de la edu-cación en Paraguay siga postergándose. Las necesidades de los niños no pueden esperar.
La Justicia paraguaya enfrenta un importante desafío. No se trata solamente de que las víctimas de lo que actualmente se conoce como la mafia de los pagarés reciban justicia, sino de que todo el sistema judicial logre estar a la altura de la situación. Con demasiada frecuencia se puede observar la manera en que las mismas víctimas deben manifestarse ante las autoridades para formular sus reclamos. Urge celeridad y mayor respeto a aquellas personas que tanto han sido perjudicadas. Necesitamos que la Justicia sea rápida, justa e independiente.
Exactamente con la misma progresión en que se desvelan las miserias de las carencias en nuestra salud pública, surgen al mismo ritmo los groseros privilegios que siguen siendo distribuidos en el Parlamento. Definitivamente no puede ponerse en duda la generosidad de la clase política en el momento de repartir el dinero público entre allegados, familiares, recomendados y afines políticos. Mientras en el país faltan recursos para habilitar terapias neonatales, bachilleres con “conocimientos empíricos” ocupan cargos con jugosos salarios.
Paraguay continúa con importantes rezagos en materia de infraestructura de todas las dimensiones. Durante más de una década, aumentó su deuda pública con la excusa de financiar infraestructura física. Al no haberse previsto una solución estructural y de largo plazo, hoy estamos ante la grave situación de haber llegado al límite de la sostenibilidad de la deuda, sin que las inversiones realizadas hayan tenido efectos sustanciales en la calidad del crecimiento ni en la calidad de vida. Por lo tanto, debemos hablar de la necesidad de una reforma del sistema tributario no solo para impulsar la inversión pública, sino también para pagar la deuda.
Las inversiones en servicios públicos son pilares fundamentales para el desarrollo económico, social y humano de cualquier nación. Los servicios públicos, como la educación, la salud, el transporte, el agua potable y la energía, son esenciales para garantizar una calidad de vida digna y para la producción y productividad económica. Recientemente, autoridades de Essap señalaron que requieren de unos USD 300 millones para optimizar su gestión y ANDE alrededor de USD 600 millones por año para mejorar la calidad. El país debe hacer el esfuerzo por financiar estas obras necesarias, pero debe hacerlo de manera justa para que los beneficios alcancen a todos y contribuyan a reducir las desigualdades entre personas, empresas y regiones.