Se trata de un informe nacional del 2020 sobre prácticas de DDHH emitido por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de los Estados Unidos. El documento, que guarda relación con Paraguay, resalta aspectos relacionados con el abuso de poder e impunidad que existe en el país.
En resumen, el informe expresó que la Policía Nacional, responsable de preservar el orden público, proteger los derechos y la seguridad de las personas, entidades y sus bienes, no mantuvo un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. “Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos”, afirmó.
Entre los cuestionamientos señalaron la falta de esclarecimiento en el presunto asesinato de las niñas menores durante una operación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP); las denuncias de tortura y tratos crueles durante la dictadura de Alfredo Stroessner, cuyas investigaciones no culminaron por parte de la Fiscalía; además de tratos inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad en las cárceles.
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Asimismo, mencionaron hechos de arresto y detención arbitrarios durante la cuarentena sanitaria por el Covid-19 en el 2020.
Otros aspectos que resaltó el informe tienen que ver con “problemas sustanciales con la independencia del Poder Judicial”, donde se refleja que los tribunales fueron ineficientes y estaban sujetos a corrupción e influencia externa por parte de políticos.
También hablaron de la intimidación violenta de periodistas por parte de grupos del crimen organizado y la corrupción generalizada en todos los poderes y niveles del Gobierno.
“Los funcionarios participaron con frecuencia en prácticas corruptas con impunidad. La impunidad es endémica para los funcionarios gubernamentales de alto nivel anteriores y actuales acusados de delitos. Las ONG y la prensa continúan informando sobre varios ex ministros de gobierno, intendentes, gobernadores y actuales funcionarios electos que evitaron el enjuiciamiento en el sistema de justicia a pesar de haber sido acusados y procesados por corrupción y otros delitos”, señala el informe.
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Uno de los casos más emblemáticos guarda relación con el ex político Óscar González Daher, quien fue condenado por el caso de los audios filtrados, pero la pena fue de tan solo dos años de cárcel por tráfico de influencias durante su mandato al frente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). No obstante, evitó la prisión.
Otros casos también tienen que ver con las denuncias que se realizaron por sobrefacturación en plena pandemia contra Édgar Melgarejo, cuando estaba al frente de la Dinac, y Patricia Samudio, quien era titular de Petropar. Asimismo, el polémico caso de los insumos chinos traídos por la empresa Imedic para Salud Pública.
“Aunque las acusaciones y condenas por corrupción de funcionarios públicos de nivel medio y bajo se produjeron con mayor frecuencia, los funcionarios públicos de alto rango gozaron de un alto grado de impunidad. Además, la politización y la corrupción estaban generalizadas en todo el Poder Judicial, en particular en los tribunales inferiores y las oficinas regionales, lo que obstaculizaba la eficacia del Poder Judicial y socavaba la confianza del público”, sostiene el documento.
Finalmente, el informe también reúne conclusiones sobre otros puntos, como la falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia contra la mujer y trabajo infantil, particularmente en el servicio doméstico y la agricultura informal.
