14 sept. 2025

Informalidad y crimen organizado: Una amenaza silenciosa para la economía paraguaya

El alto nivel de informalidad en Paraguay no solo representa una traba para el desarrollo económico, sino que está directamente vinculado al crecimiento del crimen organizado en el país, advirtió el economista Hugo Royg, socio de la consultora Mentu.

Venta callejera informal UHECO20181103-013a,ph01_12958_11519158.jpg

Paraguay tiene un nivel de informalidad más alto que México y Colombia, según resalta el economista Hugo Royg, lo que puede contribuir a aumentar el flagelo del crimen organizado en el país.

Foto: Archivo ÚH

Cerca del 36% de la economía paraguaya se mueve en la informalidad –afirma el economista Hygo Royg–, una cifra que, si bien incluye actividades legítimas, también abarca operaciones que carecen de trazabilidad, evaden impuestos y no se someten al control del Estado. “Hay una correlación directa: mayor nivel de informalidad implica mayor presencia del crimen organizado”, señaló en una reciente entrevista.

El economista explicó que muchas de las pequeñas y medianas empresas (mipymes) no se formalizan, no por decisión delictiva, sino por las barreras burocráticas, los elevados costos de cumplimiento y la falta de incentivos. “No es que las mipymes no quieran ser parte del sistema, es que inscribirse y cumplir les lleva tiempo y dinero que no tienen. A veces, las sanciones superan sus ingresos”, sostuvo.

Royg subrayó la importancia de establecer un sistema de incentivos reales para la inclusión financiera y fiscal, especialmente para las microempresas, al tiempo que se implementan sanciones efectivas contra quienes optan por operar al margen de la ley. Como ejemplo, mencionó políticas aplicadas en otros países donde se penaliza el uso de efectivo para promover el uso de medios de pago electrónicos, lo que favorece la trazabilidad y dificulta el lavado de dinero.

“El uso del sistema financiero permite seguir la ruta del dinero y disuade las operaciones ilegales. A las grandes empresas les resulta fácil adaptarse, pero a las pequeñas hay que ayudarlas. No se trata solo de castigar, sino también de incluir”, añadió.

En ese sentido, Royg planteó que la lucha contra la informalidad no debe recaer únicamente sobre el Estado, sino también sobre el sector privado. Propuso que las grandes empresas promuevan la formalización de sus proveedores, y que los gremios adopten mecanismos de sanción social y empresarial contra aquellas compañías que se mantengan en la ilegalidad.

El economista también alertó sobre cómo la economía informal puede servir como vía para el lavado de activos. “Una pizzería que vende productos legales puede estar usando insumos de contrabando o contratar mano de obra que no aporta al sistema. Parte de ese valor está dentro del PIB, pero otra parte queda completamente fuera del radar económico”, explicó.

“Paraguay es más informal que México y Colombia”

Al comparar la situación de Paraguay con otros países de la región, Royg afirmó que el nivel de informalidad del país es más alto que el de México o Colombia, ambos fuertemente golpeados por el crimen organizado, y menor que el de Bolivia o Perú. Esto, advirtió, es preocupante. “Estamos creciendo económicamente, pero ese crecimiento no se traduce en mejoras proporcionales en la reducción de la pobreza, el bienestar o la competitividad. Lo que sí aumenta es la presencia del crimen organizado”, señaló.

Más contenido de esta sección
Jorge Cáceres, gerente de Copetrol, señaló que pese a la reciente baja del dólar, los precios de los combustibles no se reducirán debido a la inestabilidad en la cotización internacional del petróleo y las dinámicas de compra de las empresas del sector.
A agosto de este año el déficit fiscal es de 2,5% del PIB, que representa G. 8.7 billones, que al cambio es de USD 1.126 millones. Comparado con el 2024 el déficit se redujo 23,5%.
El sector importador señaló que la estabilidad del tipo de cambio y del costo de los fletes internacionales permiten recuperar márgenes y bajar precios.
Con base en los datos preliminares de la Valuación Actuarial 2024–2100 del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones (FCJP), pero que todavía no fue publicada, el IPS tiene solvencia mínima de 22 años para jubilación de trabajadores.