Por tercer año consecutivo, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es presentado, y constituye una medida oficial que analiza las carencias de la población desde cuatro dimensiones: el acceso a trabajo y seguridad social; vivienda y servicios; salud y ambiente, además de educación. La misma determina la pobreza con el Método de Línea de Pobreza. Si un hogar percibe ingresos inferiores a la línea es considerado pobre.
El informe determina que en el año 2022 la población paraguaya en situación de pobreza multidimensional fue de 17,6 %, es decir, que aproximadamente 1.297.000 personas se encontraban en esa situación.
La incidencia en áreas rurales llegó al 36,62 %, ante el 7,35 % en las áreas urbanas del país.
El IPM proporciona información que permite evaluar el comportamiento de los indicadores en sus diversas dimensiones.
En ese sentido, en comparación al año 2021, los indicadores con mayor reducción se relacionan con la práctica inadecuada o falta de servicios para eliminación de basura; el uso de carbón o leña para cocinar; el trabajo de personas de 10 a 17 años de edad.
En cuanto a la incidencia de la pobreza multidimensional por departamento, y en orden de descendente, se mencionan a San Pedro con 38,26%; Caazapá con 36,78%; Caaguazú alcanza un 28,65%; Itapúa 25,31%; Alto Paraná 12,98%; Central 6,74%; Asunción 3,96% y el resto de los departamentos de manera agregada muestran 24,04% de incidencia.
El IPM complementa a la medición de pobreza monetaria, la cual es estudiada hace 26 años en el país desde la perspectiva del ingreso disponible de las personas. Encarar de manera multidimensional la medición de la pobreza propone examinar el goce de los derechos de la población y servirá para focalizar de manera efectiva las políticas públicas.
La metodología del IPM está basada en estudios de la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI, por sus siglas en inglés), que a su vez se basó en la Teoría de Capacidades del Premio Nobel de Economía de 1998, Amartya Sen.
El IPM sirve para complementar las medidas oficiales existentes (necesidades básicas insatisfechas y pobreza monetaria) para elaborar políticas públicas más eficientes. Además, es imprescindible para visibilizar las principales privaciones que sufren las personas, para avanzar en la reducción de pobreza, con un enfoque de derecho, de acuerdo con referencias de la entidad que hace las mediciones.
