16 sept 2026

Indígenas del Bajo Chaco denuncian abandono estatal y cuestionan privilegios de autoridades

La Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (Clibch) expresó su profunda indignación ante la situación que se vive día a día en las comunidades, donde falta acceso a agua, salud, educación, caminos y tierras en condiciones dignas, mientras altos funcionarios del Estado se asignan millonarios recursos públicos en concepto de bonificaciones y privilegios.

Indígenas del Bajo Chaco denuncia que las comunidades viven con muchas carencias.jfif

Indígenas del Bajo Chaco denuncia que las comunidades viven con muchas carencias.

Foto: Facebook/Clibch.

La Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (Clibch) expresó su “profunda indignación” por las condiciones de vida en sus comunidades y denunció la falta de acceso a servicios básicos, como agua, salud, educación, caminos y tierras en condiciones dignas, en contraste con los altos beneficios que perciben autoridades del Estado.

En un comunicado difundido este 24 de marzo, la organización cuestionó especialmente al senador Basilio Bachi Núñez, presidente del Congreso Nacional, a quien señalan por estar vinculado a “esquemas de privilegios y bonificaciones”, pese a provenir del Chaco, una de las regiones más afectadas por las carencias.

Lea más: En menos de un año, Bachi percibió más de G. 839 millones

El documento también apunta contra el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), institución encargada de velar por los derechos de los pueblos indígenas, a la que acusan de no contar con recursos suficientes para programas comunitarios, mientras sus autoridades perciben salarios y bonificaciones elevados.

La Clibch sostiene que las comunidades indígenas han sido históricamente abandonadas por el Estado y advierte que la desigualdad que enfrentan responde a una “discriminación estructural” que perpetúa la exclusión y el olvido.

Ante esta situación, la organización exige mayor asignación de recursos para políticas sociales, el fin de los privilegios en la función pública y la devolución de fondos estatales presuntamente mal utilizados.

Los líderes indígenas reiteraron su reclamo de “respeto, justicia y una distribución equitativa de los recursos públicos”, y llamaron a poner fin a la discriminación y la vulneración de derechos de los pueblos indígenas en Paraguay.

Más contenido de esta sección
El diputado cartista Alejandro Aguilera minimizó el anuncio de Horacio Cartes sobre Juan Carlos Baruja como candidato a vicepresidente y respaldó la decisión de Pedro Alliana de definir su dupla después de las elecciones municipales.
El presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, minimizó las diferencias que atraviesa Honor Colorado en torno a la definición del candidato a vicepresidente que acompañará a Pedro Alliana. El legislador cartista consideró que las actuales “turbulencias” son incluso una señal de salud dentro del movimiento.
El senador Derlis Maidana reconoció las crispaciones dentro del movimiento Honor Colorado (HC) tras el anuncio del líder, Horacio Cartes, sobre Juan Carlos Baruja como compañero de fórmula de Pedro Alliana para las Generales 2028. Al respecto, pidió abrir un espacio de diálogo y evitar que la disputa por la Vicepresidencia termine afectando la campaña para las Municipales 2026, del próximo 4 de octubre.
El diputado liberal Diosnel Aguilera comparó al nuevo ministro de Salud, Isaías Fretes, con el “Chapulín colorado” al presentare como un salvador cada vez que aparece una crisis en el Gobierno. También se refirió al ahora secretario de Estado como un bombero que se fue del IPS sin “sin apagar un fósforo”.
Quince gobernadores se reunieron con el presidente y vicepresidente de la República, Santiago Peña y Pedro Alliana, y expresaron su rechazo a la forma en que Horacio Cartes anunció al ministro Juan Carlos Baruja como el candidato a vicepresidente para las Generales 2028. Alliana tendrá una importante reunión con Cartes.
La iniciativa legislativa, presentada por el diputado cartista Yamil Esgaib para castigar con penas más elevadas a quienes liberen a sujetos privados de libertad o colaboren en fugas masivas, fue aprobada y pasa a la Cámara de Senadores. Establece penas de hasta cinco años que, en caso de hallarse el agravante de que los funcionarios estén involucrados en la liberación de presos, pueden elevarse hasta los quince años.