El ex presidente de la institución, Horacio Torres, envió entonces el documento en abril pasado a la Procuraduría, que no tiene potestad de resolver y cuyo dictamen no es vinculante, y hasta ahora no hay respuesta sobre el caso.
El Indert ignoró una resolución de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción, a cargo en ese entonces de Natalia Carolina Caballero, quien tomó posesión de los expedientes por irregularidades en la tramitación y años de dilación, que afectan al ex director de Chaco, el imputado por cohecho pasivo agravado (coima), Enrique Gómez de la Fuente.
Durante la investigación, Caballero encontró seis expedientes relacionados al mismo inmueble, el Lote Nº 126, de la Colonia Soldado Guaraní, distrito de Mariscal Estigarribia, Departamento de Boquerón, ubicado en Teniente Pico, con una superficie de 4.000 hectáreas aproximadamente.
El expediente Nº 3406/2002, fue el primero generado, de la demandante Lucila Dejesús Pérez Goiburú, quien compró la propiedad en 2002. En 2008 se le otorgó el título, pero en 2013 se solicitó la reconstrucción porque se había perdido, y debía ser inscripto en el Registro de Propiedad. “Se robó antes de que firmen”, denunció la abogada Rosy Pérez.
La directora de Transparencia relató en su informe que Lucila Pérez había cumplido con todos los requerimientos administrativos, ya que pagó la totalidad del lote, se hizo la mensura judicial, un certificado de adjudicación y un título de propiedad a su nombre, que fue emitido en 2008 con la firma del entonces presidente Héctor Cardozo, pero faltaba la exigencia del Servicio Nacional de Catastro, que luego fue concretado.
En 2011 se aprueba el plan de explotación agropecuaria y se autoriza el título.
EL PROBLEMA. Sin embargo, surge de forma paralela en 2013 una solicitud de comisionamiento de funcionarios por parte de Sandra Benicia Silvera Burgos, la segunda demandante, que presenta documentos, otorgados llamativamente con gran celeridad, según Caballero, quien cuestiona el orden de preferencia hacia una recurren de 26 días que ni siquiera había pagado contra una que ya había efectuado los pagos y tramitado desde el 2002 el título que ya se le había otorgado, además señala parcialidad hacia una de las partes.
Posteriormente, se abre una investigación fiscal contra Silvera Burgos por atropello e invasión. En este caso, además, ocurrió un homicidio de un ocupante, hecho que también fue investigado. La mujer ya no es sujeta del estatuto, por contar con prisión domiciliaria.
El lote fue declarado como intervenido, posteriormente, y en ese transcurso otros interesados solicitaron adquirir la propiedad del Indert, entre ellos, Juan Antonio Maíz Chamorro, que la directora de Transparencia consideró nulo por su calidad de lote intervenido. Sin embargo, Maíz, agricultor sin recursos, pagó el 25% del valor del terreno, casi G. 560.000.000 con un cheque que fue emitido en realidad por el intendente de Katueté, en 2018.
Por tanto, el 26 de diciembre de 2018, Transparencia dictaminó que el título definitivo debía ser otorgado a Lucila Pérez, levantar la intervención y desestimar las pretensiones de Maíz. Además, concluyó que la adjudicación a Sandra Silvera fue ilegal y con intención de anular el título de la primera recurrente.
Igual, Horacio Torres se desentendió del dictamen y prefirió enviar el expediente a la Procuraduría, a cargo de Sergio Coscia. Rosy Pérez denunció que fue con complicidad de Gómez de la Fuente.
