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Imputan y piden prisión para intendente de Acahay por esquema de desvío de fondos

El Ministerio Público imputó y requirió la prisión preventiva del intendente colorado de Acahay, Alcides Sosa Báez, por hechos de corrupción en la Municipalidad durante su administración, entre los años 2016 y 2020.

El fiscal Rodolfo Hiram Colmán, de la ciudad de Carapeguá, imputó a Alcides Sosa Báez, intendente de Acahay, por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y abuso de documentos de identidad.

Además, el representante del Ministerio Público requirió la medida cautelar de prisión preventiva para el jefe comunal, ante las sospechas de hechos de corrupción en el Municipio, según las pesquisas.

Días atrás la Fiscalía realizó allanamientos simultáneos en la Municipalidad de Acahay, en la casa de otro investigado, identificado como Eduardo Espínola, y asimismo en la vivienda del intendente Sosa, lo cual derivó en la incautación de diversos documentos, computadoras portátiles, entre otros.

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De acuerdo con la investigación, Sosa Báez, en lugar de proteger los intereses de la Comuna en su rol de autoridad, habría configurado un esquema para delinquir junto a su funcionario Vicente Torres, administrador financiero y tesorero, Myrian Martínez de Espínola, consultora contratada y esposa del otro presunto implicado, Eduardo Espínola.

Los sospechosos habrían utilizado la identidad de varias personas para la creación de empresas, de manera a desviar fondos y obtener beneficios patrimoniales ilícitos.

El caso fue descubierto mediante las denuncias de Melquiades Ayala, Aldo Ayala y Rubén Benítez, quienes denunciaron que Eduardo Espínola había realizado un trabajo de contabilidad para los denunciantes, y que en el año 2016, en vista de que no contaban con réditos en sus negocios, decidieron cerrar, por lo que solicitaron a Espínola que realice las gestiones pertinentes para dar de baja todas sus documentaciones contables.

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No obstante, en julio de 2020, Melquiades Ayala, quien era beneficiario de la ayuda que brinda el Estado por tercera edad, se acercó como para cobrar, pero no pudo hacerlo, lo que llamó su atención y realizó averiguaciones para saber el motivo por el cual le habían cancelado.

Tras ello, tuvo conocimiento de que el mismo era considerado proveedor del Estado, y que su empresa supuestamente generaba grandes ganancias.

En ese orden de cosas, Aldo Ayala revisó el estado de su negocio, y también pudo corroborar que nunca fue cancelada su contabilidad y que producía grandes ingresos. Ambos denunciantes manifestaron que accedieron a documentos referentes a la denuncia a través del portal de Transparencia, y que se pudieron percatar de que las transacciones realizadas por sus empresas, que no existen, eran con la Municipalidad de Acahay.

Igualmente, Rubén Benítez presentó denuncia por lo mismo expresando además que se desempeñó como chofer de Espínola, mediante lo cual pudo observar reuniones con otros implicados en el caso, entre ellos el ahora procesado Alcides Sosa, cuya casa era visitada por Espínola, quien salía de allí con cheques.

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