Pese a estar todavía abierta la causa contra la ex magistrada por supuesto prevaricato y con un pedido de sobreseimiento, se admitió esta causa como una denuncia falsa.
Irún había firmado una resolución el 23 de noviembre del 2018, donde transfería 310 mil hectáreas de tierra en el Chaco. Eso fue dos meses antes de que concluya su permiso por maternidad, licencia que iba hasta enero del 2019, que ella había pedido dejar sin efecto para cumplir con eso.
Las hectáreas transferidas eran de la Asociación Espíritu Santo y fue cedido a cuatro empresas extrajeras, por un crédito que –según la denuncia– supuestamente nunca existió.
A raíz de este proceso penal en su contra, Irún fue removida del cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en noviembre del 2021, por supuesto mal desempeño de funciones.
DENUNCIA. Fernández entonces había hecho la denuncia el 27 de mayo de 2020, ante la Unidad de Delitos Informáticos del Ministerio Público, por supuesto acceso indebido a sistemas informáticos.
Tras investigaciones internas, el 25 de abril de 2019, “el director General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, dependiente del Consejo de Superintendencia de la Corte, emitió un dictamen, concluyendo que Irún dictó sentencia definitiva dentro del marco de sus funciones y autorizada por la autoridad competente”, según dice la imputación.
Con esto, la Fiscalía tuvo que la ex jueza no incurrió en falta administrativa alguna.
El 9 de setiembre de 2022, la entonces fiscala Silvana Otazú –quien investigaba el caso– pidió la desestimación de la denuncia.
Había determinado que “se puede afirmar, sin temor a equívocos, que el acceso al Sistema de Gestión Jurisdiccional en fecha 23 de noviembre de 2018, por parte de Tania Carolina Irún Ayala, en su carácter de jueza del fuero Civil y Comercial, no constituyó la comisión de un hecho punible”.
PEDIDO DE SOBRESEIMIENTO. Tras cumplirse el plazo de un año del sobreseimiento provisional en la causa, y luego de una recusación a la fiscala Natalia Fuster, su colega, la fiscala interina María Verónica Valdez pidió la reapertura de la causa y el sobreseimiento definitivo de la ex jueza Tania Irún.