Los hechos iniciaron supuestamente en abril del 2015, cuando el fiscal Florencio Pereira –como tesorero– y su esposa Miryan Nancy Giménez –como presidenta de la organización Desde Abajo hacia un Desarrollo Íntegro Social (Dadis)– presentaron una nota al Indert en la que solicitaron que financie proyectos de abastecimiento de agua potable para comunidades de la ciudad de Santa Rosa, San Pedro. El proyecto se aprobó, desembolsándose en octubre del 2015 el 50 por ciento, que correspondía a un monto de G. 766.295.026.
El convenio decía que se tenía un plazo de 90 días para la ejecución del proyecto.
Como se presentó en tiempo la rendición de cuentas, entonces, un año después, en noviembre del 2016, se aprueba el segundo desembolso, lo cual se concreta un mes después. Se transfirió nuevamente un poco más de G. 766 millones.
En junio del 2017 se rindió cuentas del proyecto adjuntando dos facturas consistentes en gastos de perforación de pozo tubular, productos y honorarios.
Cuando el Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides), dependiente del Indert, hizo verificaciones, encontraron que los sistemas de abastecimiento estaban incompletos y sin funcionar.
IMPUTADOS. Además de Pereira y su esposa, están condenados Abel Ricardo Florentín, Arnaldo Andrés Riveros, Roberto Ramón Ayala, Patricia Gómez y Santiago Vicente Ochipinti, ex director del Indert, quien ya fue condenado por tentativa de estafa.
