En la causa en la que están procesadas Patricia Ferreira, presidenta de Insumos Médicos SA. (Imedic), además de Nidia Godoy, directiva de la misma empresa, y el despachante de Aduanas, Néstor Ramírez, por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país sigue trabada por chicanas.
La defensa de Ferreira logró suspender el inicio del juicio oral en está causa recusando al Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgarla por los delitos mencionados más arriba.
Ahora será un Tribunal de Apelación el que tendrá que estudiar la recusación contra los jueces de sentencia Laura Ocampos, Fabián Weinsensee y Juan Pablo Mendoza.
En este caso, la acusación es por supuesta producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la presunta falsificación de facturas para el ingreso al país de un lote de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia.
A lo largo del proceso, esta causa tiene numerosas cuestiones por resolver antes de que se pueda siquiera fijar una fecha para el juicio oral, el cual evidentemente quedaría ya para el año que viene.
Esta situación demuestra que nuestra Justicia lenta y en exceso permisiva con las chicanas es responsable de que algunos casos de presunta corrupción en plena pandemia del Covid-19 continúen impunes.
Tanto Patricia Ferreira como la coprocesada Nidia Godoy ya tienen un año de arresto domiciliario, ya que la jueza de Garantías, Clara Ruiz Díaz, les había aplicado las citadas medidas cautelares el 11 de enero del 2021.
condenado. La semana pasada, un Tribunal de Sentencia condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, padre de Patricia Ferreira, único acusado hallado culpable por contrabando de insumos médicos, en el caso conocido como camas hospitalarias que fueron ingresadas al país por la firma Imedic (Insumos Médicos) SA, en el inicio de la pandemia del Covid-19 en el año 2020. En la causa fueron absueltos Patricia Ferreira, al igual que el despachante de Aduanas Carlos Gamarra y los funcionarios aduaneros Guillermo Andrés Molinas y Gustavo Acosta.
La Fiscalía probó que el 18 de abril de 2020 ingresaron al país no solo las 400 camas solicitadas, sino 450 y el excedente eran camas eléctricas de alta gama, que no contaban con documentos legales, pero igual ingresaron al país.
