El 30 de abril de 1982, los policías entraron pateando la puerta de una vivienda en el barrio Villa Morra de Asunción. Augusto Roa Bastos había llegado de Francia con su esposa Iris, para inscribir como paraguayo a su recién nacido hijo Francisco, pero el dictador Alfredo Stroessner decidió expulsar del país al “escritor comunista”.
En camino a la frontera argentina, a bordo de la “Caperucita Roja”, oyeron por radio las reacciones.
-Parece que usted es muy conocido, señor Roa Bastos- dijo uno de los policías. Probablemente nunca leyó un libro del autor e ignoraba quién era su ilustre víctima.
–De ninguna manera –respondió el escritor– voy siendo apenas un desaparecido a medias.
A cuatro décadas, en esta era ñembo democrática, los fiscales que investigan a quienes pintaron consignas en el Panteón de los Héroes y prendido fuego a una tricolor durante una manifestación por la muerte de dos niñas en un operativo militar, hallaron en un video a un hombre de edad, sostenido con un bastón, pronunciando un discurso en medio de la calle.
El fiscal Ángel Ramírez dijo a la prensa que imputó a la abogada Elizabeth Escobar, “por haber participado en la manifestación”, aclarando que “el único hecho que se le atribuye es la violación de la cuarentena, artículo 10, inciso b, de la Ley 716”. Dicha ley sanciona delitos contra el medioambiente y establece cárcel de 6 a 18 meses y multa de 100 a 500 jornales mínimos a quienes “violen las vedas, pausas ecológicas o cuarentenas sanitarias”.
El fiscal dijo que llamó a declarar a “un señor de 82 años, Miguel Fernández, quien sin tapabocas estuvo haciendo discursos en el momento de la manifestación, también va a ser imputado por el mismo hecho punible de violación de la cuarentena”. Agregó que otra mujer identificada como Diana Bañuelos también fue citada y será imputada con arresto domiciliario.
Recién después de que la Sociedad de Escritores del Paraguay emitió un comunicado, se enteraron de que el “señor de 82 años”, Miguel Ángel Fernández, es uno de los más eminentes escritores, poetas, docentes e investigadores paraguayos y que Diana Bañuelos es una histórica dirigente social y política.
Al igual que aquel policía stronista de hace cuatro décadas, los fiscales probablemente no leyeron un libro de su víctima. Si lo hubieran hecho, en vez de acusarlo de atentar contra un patrimonio histórico, sabrían que él mismo es un patrimonio cultural vivo al que se debe cuidar, el que ayudó a rescatar la obra completa de Rafael Barrett, entre tantos aportes a la cultura y la educación.
Es muy jodido que la Policía, la Fiscalía, la Justicia y el Gobierno usen la cuarentena social en pandemia como si fuera aquel siniestro estado de sitio stronista, para imputar y enviar preso a las personas solo por protestar, como si no existieran derechos constitucionales de reunión, manifestación y libre expresión, o que consideren un delito bajarse el tapabocas para hablar, mientras el ex presidente Horacio Cartes, su hija y los popes de la ANR farrean y salen en fotos todos juntos y revueltos, sin protección sanitaria, sin que esa misma Policía, Fiscalía, Justicia o Gobierno se den siquiera por enterados.
¡Están todos locos o han retrocedido cuarenta años en el tiempo!
