Los 34 obispos de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) finalizaron este viernes una asamblea plenaria extraordinaria de cinco días en la localidad costera de Punta de Tralca para analizar la profunda crisis que vive el clero por las denuncias de abusos.
El presidente de la CECh, el obispo Santiago Silva, leyó al final del encuentro una declaración en la que la jerarquía católica reconoció su error al no escuchar, creer, atender o acompañar a las víctimas de graves pecados e injusticias cometidas por sacerdotes y religiosos.
“A veces no reaccionamos a tiempo ante los dolorosos abusos sexuales, de poder y de autoridad y, por ello, pedimos perdón en primer lugar a las víctimas y sobrevivientes”, señaló.
Los obispos admitieron que sus faltas y omisiones han causado dolor y perplejidad, y lamentaron que, visto con la perspectiva del tiempo, algunos miembros del clero pudieron ser más activos y atentos al dolor sufrido por las víctimas, familiares y la comunidad eclesial.
Para comenzar a enmendar la situación, explicó Silva, los obispos han aprobado una serie de iniciativas a corto plazo, entre las que destaca la publicación de todas las investigaciones canónicas sobre denuncias de abusos sexuales contra menores de edad.
El obispo anunció también que incluirán un anexo al reglamento que rige en todas las diócesis del país para establecer la plena voluntad de colaborar con la Fiscalía en la entrega de antecedentes sobre casos de abuso de menores.
El anexo, precisó la CECh, se dará a conocer cuando se formalice el acuerdo de colaboración con el Ministerio Público que actualmente se está negociando.
Los obispos anunciaron nuevas atribuciones y competencias para el Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento de las Víctimas, en cuyo sitio web se publicaron este viernes los nombres de clérigos chilenos con sentencias civiles y canónicas por abuso sexual de menores.
Según este registro, 17 sacerdotes y un diácono han sido condenados por los tribunales civiles y otros 25 sacerdotes fueron sancionados por la justicia canónica.
La Iglesia se comprometió a avanzar en la reparación de las víctimas de abusos y a elaborar e implementar un protocolo de buen trato para fomentar relaciones basadas en el respeto en ambientes parroquiales, comunitarios y educativos.
Este protocolo, junto a un código de comportamiento para los sacerdotes ordenados, se dará a conocer en abril de 2019, informó Silva.
También se acordó analizar de un modo autocrítico los aspectos estructurales de las diócesis chilenas que permitieron la ocurrencia y perpetuación del abuso en la Iglesia para que estos hechos nunca más se vuelvan a repetir.
Durante los últimos meses han salido a la luz numerosos casos de abusos sexuales cometidos por religiosos durante décadas y los intentos de algunos miembros de la jerarquía católica por encubrirlos.
En la actualidad el Ministerio Público mantiene abiertos 38 casos en todo el país suramericano, que involucran a 73 personas investigadas -sacerdotes diocesanos, de diversas órdenes y laicos-, y a 104 víctimas, la mayoría de ellas menores de edad en el momento de cometerse los hechos.
El papa Francisco, que al principio minimizó la gravedad de los hechos, decidió hace algunos meses intervenir directamente en la crisis y envió a Chile al arzobispo de Malta, Charles Scicluna, para recabar antecedentes.
El informe que elaboró Scicluna cambió la percepción del pontífice sobre el caso chileno y decidió citar a los obispos de la CECh a Roma.
Los obispos presentaron sus renuncias en bloque al papa, que hasta el momento ha aceptado cinco de ellas.
