Dos años han transcurrido y, ciertamente, la Fiscalía paraguaya no ha tenido avances en su investigación. Un verdadero despropósito, considerando los resultados que sí tuvieron los fiscales colombianos quienes con diligencia lograron ya la condena de los autores materiales.
Recientemente, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, se reunió con la mesa directiva de la Cámara de Senadores, y ante ellos reconoció que no están “ni cerca ni lejos” de dar con los mandantes del crimen del fiscal Marcelo Pecci. Esa fue la respuesta que dio ante los cuestionamientos, que abundan respecto de la cuestión.
“La objetividad del trabajo obliga a ir siguiendo cada punta de ovillo y, probablemente, nuestra gestión será feliz cuando demos respuesta al tema”, afirmó. Asimismo agregó un par de frases hechas como que “nadie le pisa los talones a nadie” y que “cada punta de ovillo será investigada”.
Según el fiscal general, como la investigación del crimen se abrió en Colombia, las autoridades de dicho país también tienen la responsabilidad de dar con los autores intelectuales del homicidio, siguiendo el razonamiento, afirmó que las autoridades colombianas “no pueden soslayar el compromiso de descubrir el universo, autores materiales y autores intelectuales”.
Posteriormente, Rolón, consultado sobre la implicancia de Horacio Cartes, se apresuró en responder que “no realizarán persecuciones antojadizas”, y que “no tiene evidencias” contra Cartes.
Frente a la presión de las preguntas el fiscal general se mostró molesto y alegó que solo pasaron unos siete meses de la apertura de la carpeta fiscal en territorio paraguayo. Siete meses es tiempo suficiente, pero además resulta vergonzoso que hayan tardado tanto en iniciar una investigación cuando resulta del crimen de un colega de los propios fiscales.
Nos encontramos en una situación en la que se debe avanzar en vez de retroceder, el titular del Ministerio Público debe dejar de acudir a las excusas y a la repartición de las culpas. Es inaceptable la falta de respeto a las autoridades de Colombia como hizo ahora, y como inicialmente hizo con la misma viuda del fiscal antimafia, quien se vio obligada a aclarar vía comunicado público respecto a su colaboración permanente con las autoridades colombianas y norteamericanas. “Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación”, afirmó como respuesta a Emiliano Rolón, quien había dicho que la investigación no avanza porque Claudia Aguilera no quería entregar el teléfono de su marido, asesinado el 10 de mayo del 2022 en isla Barú, Colombia.
Por encima de todo, la Fiscalía debe ser consciente de la importancia de este caso para la misma República.
El crimen del fiscal antimafia Marcelo Pecci, integrante de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, ha sido un mensaje alto y claro del narco y del crimen organizado, un mensaje para expandir miedo y temor.
Si no se avanza en las investigaciones, si no se llega a identificar a quienes ordenaron el crimen de Pecci deberemos asumir que ha perdido nuestra frágil institucionalidad y que la democracia está en peligro. Por eso, precisamente se debe insistir en que debe haber una condena ejemplar a los autores, intelectuales y materiales del asesinato.
