El escándalo y el confuso debate respecto del destino y el uso que pueden haber hecho de 500.000 millones de guaraníes en la Municipalidad de Asunción son uno de los hechos que nos demuestran la degradación a la que nos ha arrasatrado la clase política. La insistente pregunta; ¿qué hicieron con ese dinero? enciende enojos, genera pobres excusas y respuestas improvisadas, que no consiguen ocultar el estado real en el que se encuentra la capital: sucia y abandonada, mientras los asuncenos siguen reclamando buenos servicios.
Según la Constitución Nacional, las municipalidades son “los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos”. La ley que organiza la Municipalidad y su funcionamiento es la Ley Orgánica Municipal, la Ley Nº 3966/2010l, y según la misma, el Municipio es la comunidad de vecinos con gobierno y territorio propios. La finalidad de una Municipalidad es ocuparse de garantizar los derechos de la población que vive en el municipio, y de resolver los problemas que afectan a dicha población.
Los ciudadanos votan y se conforma el gobierno municipal, que es ejercido por la Intendencia y la Junta Municipal; el intendente se convierte en administrador de la Municipalidad, y la Junta Municipal gobierna con el como el órgano legislativo del gobierno municipal. La ley establece numerosas funciones, como planificación, urbanismo y ordenamiento territorial, infraestructura pública, servicios, transporte público, tránsito, ambiente, espectáculos públicos, patrimonio histórico y cultural, salud, higiene, salubridad, educación, cultura, deporte, desarrollo humano y social, entre otras.
El objetivo de todas estas tareas, que caen dentro de las funciones de un intendente, es proporcionar calidad de vida a los vecinos que viven en el territorio del Municipio, y para hacerlo un intendente dispone de una gran estructura, directores y miles de funcionarios, toda una gran estructura sostenida con los impuestos de los ciudadanos. Un intendente no tiene otra misión que trabajar por el bienestar de los vecinos, vale decir, servir a los ciudadanos.
Lamentablemente, en las últimas décadas se ha ido degradando el sentido de servicio que significan los cargos públicos, y esto no se observa tan solo en el ámbito de los gobiernos locales, sino también a nivel del gobierno central. En el Paraguay, hemos llegado a una situación en la que los partidos y movimientos políticos no siempre postulan como candidatos a los mejores profesionales que podrían desempeñar un buen rol como administradores de la cosa pública, sino a quienes pueden ganar elecciones. Es por eso que tenemos intendentes que nada saben de urbanismo, planificación, conservación del patrimonio histórico; personas que desconocen, y no trabajan para lograr que las ciudades sean cómodas, agradables y espacios seguros para los vecinos, para las familias, los niños y niñas, para las personas con discapacidades. Sobre todo, no entienden que la ciudad no debe ser un gran negocio sino un espacio donde el ciudadano puede desarrollarse y ser feliz, porque sus autoridades les proveen buenos servicios y crean oportunidades para que esto sea posible.
El Municipio de Asunción presenta graves problemas y su triste realidad es bien conocida por su población, que no recibe buenos servicios públicos, y padece cotidianamente el colapso del tránsito, el pésimo servicio de transporte público; la capital se convirtió en un lugar minado de megaproyectos que se erigen sin planeamiento urbano en una ciudad que carece de desagüe pluvial y cloacal, con asfalto que taponan los arroyos y que en cada lluvia es víctima de peligrosos raudales, además del desolador aspecto del casco histórico. Asunción tiene demasiadas estaciones de servicios y escasos parques, espacios verdes públicos, seguros y gratuitos para la población.
Es por ello que la actual y acalorada discusión sobre el uso de los fondos municipales resulta sumamente frustrante, pues observamos las consecuencias de imposiciones de la clase política: Autoridades que no son capaces de trabajar por el bien común ni saben servir a sus mandantes.
