La decisión ya está tomada y la huelga de conductores de transporte público se realizará, tras la sanción de la ley que atañe al sector y que, según los sindicalistas, es perjudicial en algunos artículos.
Tras la decisión de aprobar la normativa por parte de los senadores, Gerardo Giménez, presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fatrat), dijo a Última Hora que solamente el presidente de la República, Santiago Peña, podría destrabar o posponer la huelga que pretenden aplicar los choferes para el 16 y 17 del corriente mes.
“Existe un condicionamiento: El único con quien vamos a conversar a partir de ahora es justamente con el presidente de la República, porque tiene en sus manos la posibilidad de vetar la ley”, explicó.
Esta decisión ya había sido tomada en un reciente congreso que tuvieron los sindicalistas, donde se generó la expectativa de que, tal como lo sospechaban, se aprobaría la normativa con los artículos que son considerados perjudiciales a los intereses de los trabajadores del volante.
También se decidió en la ocasión la urgencia de solicitar a las autoridades sobre la destitución del viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, quien es considerado el principal responsable de que el tenor de la ley contenga artículos no beneficiosos para los choferes.
Los choferes cuestionan que se exija un mínimo de operación de buses del 60% en caso de huelga, además de criticar el modelo financiero que se propone y que no establece claramente cuál de los prestadores de servicio será el patrón.
Señalaron, además, que solo el presidente de la República puede levantar el paro, ya que no van a participar de ninguna tripartita y exigen veto de la ley.
Fernández, por su parte, había explicado que una empresa se encargará de comprar los buses, otra de la operatividad y una tercera del mantenimiento.
Los trabajadores del volante explicaron que si bien se aprobaron algunas de las solicitudes del gremio durante el tratamiento en la Cámara Baja, se mantuvo la declaración de servicio imprescindible para el transporte público y se decidió establecer una obligatoriedad de operación mínima del 60% en caso de paro o huelga.
Los senadores aprobaron la versión remitida por diputados, que incluye cambios en artículos como el 20 y el 39, los más cuestionados por los gremios de transportistas.
