En procedimiento abreviado, los ex funcionarios Natalia Soledad Valenzuela y Víctor José Emilio Basualdo recibieron la condena de dos años con suspensión, por pedido del fiscal Silvio Corbeta.
En esta causa ya son dieciocho personas las que –si bien no recibieron condena– se les otorgó la suspensión condicional del procedimiento por 1, 2 o 3 años, tiempo en el cual deben cumplir con ciertos requisitos que impuso el Juzgado, entre ellos, el de realizar pagos en concepto de reparación del daño.
ETAPA FINAL. Este caso está llegando a su etapa final, ya que hoy, el 7 y el 8 de mayo está prevista la audiencia preliminar para González y dos acusados más, donde el juez podría definir si envía o no la causa a juicio.
Además de este, también está para juicio el primer caso, donde también está acusado el ex gobernador, por el supuesto desvío de G. 5.100 millones, en época de la pandemia.
Otro proceso –también investigado en plena emergencia sanitaria por el Covid– que todavía no se pudo confirmar que va a juicio o no es la causa conocida como tapabocas de oro, donde está acusado el ex presidente de la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac) Édgar Melgarejo.
Pese a que el juez Raúl Florentín elevó el caso a juicio, hay una apelación pendiente que se debe resolver.
Los que sí ya llegaron a etapa final y tienen sentencia son las causas conocidas como Imedic y agua tónica.
En la primera, solo el presidente de la empresa, Justo Ferreira, fue condenado y, en la segunda, recibió pena de 4 años la ex titular de Petropar Patricia Samudio, mientras que su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de cárcel.
EN INVESTIGACIÓN. Hay otros procesos que saltaron, aparentemente también por corrupción en pandemia, y que involucran al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.
En una primera causa, el Ministerio Público lo imputó por lesión de confianza en la provisión de kits de alimentos, causando supuestamente un perjuicio de más de G. 1.769 millones.
La segunda y reciente imputación dice que en el 2020 Prieto habría incurrido en supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
Presumen que esto produjo un perjuicio de G. 306 millones a la Municipalidad del Este, al pagar por mercaderías inexistentes.
