El angustioso mensaje en Twitter de la doctora Yolanda González Barrios, directora del Hospital Nacional, en Itauguá, el domingo último, da una clara imagen de lo que está pasando: “A cuatro días de la apertura de más camas de UTI (Unidad de Terapia Intensiva), amanecimos con 90% de ocupación. Al borde del colapso. Pedimos responsabilidad. Un porcentaje alto llega tarde”.
Ante el gran flujo de pacientes, el hospital había logrado instalar 80 camas nuevas, 16 de ellas para terapia intensiva, pero apenas se habilitó, el servicio de nuevo se empezó a saturar. Muchos de los enfermos de Covid-19 que llegan al lugar, ya lo hacen con un avanzado cuadro que resulta muy difícil de revertir, según declaró la misma profesional.
Un día antes, otra autoridad del sector, la doctora Leticia Pintos, directora de Terapias del Ministerio de Salud, también escribió con mucho dramatismo en su cuenta de Twitter: “No quiero apretar botón de pánico... estamos mal.... en serio.... solo esta tarde (sábado) 9 pacientes graves al (sector) privado. El sistema público en Central (con) 100% de ocupación. Las camas nuevas del (Hospital) Nacional ayer comenzaron a funcionar y en diez horas se llenaron. Algunos sanatorios capitalinos están con 100% de ocupación. Ayúdennos, por favor... ¡Este es el momento de ayudarnos! Fuerza, mi querido Paraguay”.
Aunque los médicos tratan de no admitirlo abiertamente, se está llegando al nivel crítico vivido en otros países, en que los médicos deben decidir quién tiene más posibilidades de vivir y quién no, al tener que adjudicar las pocas camas disponibles.
Es una situación que en cierta medida se hubiera evitado, si los escándalos de corrupción no hubiesen afectado gravemente el proceso administrativo de equipar mejor los hospitales y formar profesionales especializados, pero a la vez ejercer un control más educativo y responsable ante el relajo y la inconsciencia de la población, al abandonar las medidas de cuidado y protección.
Como contraste, las propias autoridades, que deberían ser ejemplo de prudencia y de respeto a las normas, incurren en abiertos gestos de violación de los cuidados sanitarios. Un ejemplo es el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien apareció en fotos de actos proselitistas por el Departamento de San Pedro, con miembros de su partido, sin usar tapabocas ni mantener distancias, y actualmente debe guardar cuarentena tras haber dado positivo a las pruebas de Covid-19, obligando incluso al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a guardar aislamiento.
Otro caso aún más grave es el que protagonizó el intendente municipal de Juan León Mallorquín, Mario Noguera Torres (PLRA), quien organizó una masiva fiesta por su cumpleaños, con gran aglomeración de personas y sin usar tapabocas.
Lejos de reconocer su error, se defendió con la excusa de que “la vida está para vivirla” y que “solo una vez se cumplen años”. Una lamentable actitud que solo dificulta aún más el proceso de superar la crisis.
