El ex senador Hernán Rivas enfrentará una nueva etapa en la causa judicial que lo investiga por el denominado caso del “título falso”, pero lo hará sin los abogados particulares que lo acompañaron durante gran parte del proceso.
El Tribunal de Sentencia resolvió designar al defensor público Martín Muñoz para ejercer su defensa técnica, luego de que los abogados privados de Rivas presentaran su renuncia y el ex legislador no nombrara nuevos representantes dentro del tiempo fijado por la Justicia.
La medida busca garantizar el derecho constitucional a la defensa, ya que ninguna persona puede ser sometida a juicio oral sin asistencia jurídica.
El juicio oral y público comenzará el próximo 21 de julio, instancia en la que el Ministerio Público intentará demostrar que Rivas utilizó un presunto título universitario irregular para obtener su matrícula profesional de abogado, hecho que derivó en una de las causas de mayor repercusión política de los últimos años.
Su caída
El caso estalló a fines de 2023, cuando surgieron serias dudas sobre la autenticidad del título de abogado exhibido por el entonces senador colorado. Una investigación periodística reveló inconsistencias en su formación académica y posteriormente la Fiscalía abrió una causa penal por la presunta producción y uso de documentos públicos de contenido falso.
La polémica desató un terremoto político al interior del cartismo. Rivas, quien incluso llegó a presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), terminó renunciando a ese cargo en medio de la presión pública y meses después dejó su banca en el Senado.
Ahora, con la elevación de la causa a juicio oral, el ex parlamentario deberá responder ante un Tribunal de Sentencia por los hechos que le atribuye el Ministerio Público.
El defensor público Martín Muñoz explicó que su intervención responde a una solicitud del Tribunal y que la Defensoría Pública actúa de manera subsidiaria cuando un procesado carece de un abogado de confianza.
Muñoz señaló además que la institución enfrenta importantes limitaciones por la escasez de recursos humanos, especialmente en causas complejas vinculadas a delitos económicos y crimen organizado, aunque garantizó que Rivas contará con la asistencia jurídica prevista por la ley durante el desarrollo del juicio.
