Existe una especie de disconformidad, además de críticas y hasta casi una confrontación en relación con la decisión de los miembros de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), calificada como comisión garrote, de que las reuniones sean a puertas cerradas.
En el Senado, varios parlamentarios de distintos sectores, inclusive del oficialismo colorado, consideran que deberían ser públicas en pos de la transparencia.
La primera audiencia, en la que estarían autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, la Fiscalía General del Estado, entre otras, será el próximo martes, a las 17:00.
“Podrían incluso legitimar su investigación, abriendo a la prensa”, manifestó la senadora liberal Celeste Amarilla.
“Comenzó luego argel; comenzó con Dionisio Amarilla diciendo que es Banco Atlas. Ahora ya son todos los lavadores de dinero del país, todas las oenegés”, remarcó.
“Yo no soy integrante de la comisión, por lo tanto, es incorrecto que opinara sobre la decisión de los otros compañeros”, intentó excusarse el oficialista Silvio Ovelar. No obstante, indicó que podría hacer la sugerencia.
“Si me preguntaras cómo actuaría, yo abriría el debate porque creo que eso va a dar inclusive mayor fuerza a las decisiones que se tomen de manera colegiada”, acotó.
El colorado Colym Soroka, quien integra la Bicameral, volvió a asegurar que insistiría en que sesiones sean abiertas.
Remarcó la necesidad de dejar en evidencia que no se está avanzando en la investigación.
Dijo sobre jueces y fiscales: “Le digo al presidente Abdo que no se preocupe. Mientras Colym esté, va a haber justicia”, fue el mensaje para el ex mandatario, quien está en la mira del cartismo.
“Se debería incluir a todos. Estamos hablando de lavado de dinero. Hay varias organizaciones que se dedican a eso. Necesitamos investigar”, dijo el liberal Éver Villalba.
“El dinero que proviene del crimen organizado es lo que mueve de repente los números incluso de la macroeconomía, y el propio gobierno presenta como resultado positivo”, manifestó.
“Genera preocupación que la comisión antilavado pretenda llevar adelante sus actividades en secreto”, sostuvo el opositor Rafael Filizzola.
El artículo 28 de la Constitución Nacional y la Ley 5282 “De Libre Acceso Ciudadano y a la Información Pública y Transparencia Gubernamental” garantizan que los datos de fuentes públicas son de libre acceso para todos.
“Esta situación confirma la preocupación que teníamos desde el inicio, que lejos de ser una comisión orientada a investigar hechos de interés público, más bien tiene por objeto perseguir a personas, empresas y entidades privadas que son críticas al gobierno”, sentenció el senador.
“Ya anunciaron la inclusión de organizaciones privadas, como aquellas asociaciones sin fines de lucro que molestan al oficialismo, y con toda seguridad se irán sumando otras víctimas a esta mal llamada comisión de investigación”, cuestionó.
