La escalada de intolerancia y abuso de poder que el cartismo instauró en el Parlamento se hizo más visible en estas últimas semanas. Mientras violentos, investigados por corrupción e incluso procesados son tolerados y tienen la impunidad de la mayoría, el cartismo posó la mirada sobre algunas figuras consideradas “molestas” en ambas cámaras para el poder. Salvo que el Ejecutivo dé una mirada más cautelosa a la situación y evalúe el simbolismo negativo que atraerá enterrar a una oposición cada vez más diezmada –más aún en un contexto internacional que ve en el país un escenario propicio para invertir–, los cartistas en ambas cámaras caracterizados por el revanchismo ya eligieron las cabezas que deben rodar.
Amenazas de sanción o expulsión de las cámaras del Congreso han sido la constante en este periodo que emula al anterior, cuando se le expulsó a la crítica voz de la senadora Kattya González, cuyas causas de destitución luego fueron desmontadas.
Ahora, la cuerda floja se centra en Raúl Benítez y Salyn Buzarquis, diputado y senador, respectivamente.
Casi como excusa, los cartistas vieron oportuno semanas atrás que el diputado Benítez se haya exaltado y tras un careo, haya insultado a sus colegas de la bancada cartista.
Para la oposición e incluso para algunos colorados, los argumentos en contra de su colega ya fueron rebatidos y la oposición considera que una sanción no debe avanzar porque Benítez pidió disculpas.
En el acta transcripta como prueba de lo que pasó en la penúltima sesión en el estadio sobre tablas, se invoca el artículo 88 para aplicar a Benítez por tildar de “hijos de puta” a sus colegas, luego de un encendido debate entre el opositor y colorados, momento en el que estaba debatiéndose si una seccional de la ANR puede desalojar a un cuerpo de bomberos.
En tanto, el caso que está latente de ser tratado en el Senado es el del senador liberal Salyn Buzarquis, quien se vio enredado a partir de una denuncia a viva voz que hiciera contra el intendente Óscar Nenecho Rodríguez. El hecho fue que allí su rival político sacó a la luz unos mensajes en los que Salyn es salpicado por la vieja práctica política de solicitar favores para un tercero. Aún cuando se podría calificar como poco feliz la actuación de Buzarquis, el hecho de que un integrante cartista, como lo es Juan Carlos Nano Galarverna, ya haya adelantado el estudio de una sanción en contra de Buzarquis, deja entrever que nuevamente esas reglas no “escritas” de la política como bien saben definir dos pensadores en la obra Cómo mueren las democracias, en la democracia paraguaya se van demoliendo. Y es que la contención institucional se rompe si se osa llevar a cabo un proceso si bien encuadrado en lo legal –como lo es el pedido de pérdida de investidura–, pero solo contra rivales políticos, mientras se mide con otra vara los excesos de los dirigentes afines.
Pese a las amenazas, Benítez y Buzarquis han dicho que no acallarán sus voces opositoras. Otra de las figuras que debieron guardar recato ante la constante amenaza de ser sancionada solo por sus fuertes declaraciones fue la senadora Celeste Amarilla. Ella, que desde el inicio del periodo legislativo fue al unísono junto a Kattya González, una voz cargada de denuncias en especial contra el cartismo, debió bajar los decibeles al decir de ella misma para no terminar como Kattya.
Muy distinto es el trato para quienes están en filas cartistas y a quienes se alinean a los intereses del poder. Cartistas, liberocartistas y tránsfugas logran tolerancia e impunidad.
IMPUNES. Llegan a la decena los legisladores que responden al oficialismo y están protegidos corporativamente. No avanzan los procesos del senador Erico Galeano, por supuesto vínculo al crimen organizado. Tampoco el del supuesto título falso de Hernán Rivas. Ni se ha asomado algún pedido de pérdida de investidura contra el diputado Jatar Fernández, quien tiene denuncias por invadir inmuebles.
