10 jun. 2026

Hay tres veces más casos de pornografíainfantil de lo que se reporta

El número de causas es mayor de lo que hoy se está investigando por la Unidad Contra la Explotación Infantil. Recién con resolución de la Conatel, las investigaciones podrían hacerse por el total de casos.

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“Abruma la cantidad de casos. Esos 2.879 casos de pornografía infantil (en lo que va del 2024) es apenas el 34% de lo que se reporta. Estamos hablando de tres veces más de lo que se tiene ahora, pero como no tenemos una ley de retención de datos, complica las investigaciones”, aseguró Gunter Krone, director de Análisis de Información Estratégica del Ministerio Público.

Justamente, la Fiscalía trabaja con oficinas de la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, como el FBI y otros, contra varios hechos; y también contra la explotación sexual infantil. Actualmente, existe una ley de pornografía infantil que obliga a las empresas que usan las redes sociales de EEUU a reportar casos de pornografía infantil al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Nnmec, por sus siglas en inglés).

Por ejemplo, si alguien sube imágenes de contenido sexual infantil a sus redes o comparte a través de correos o mensajerías, eso se reporta.

Si salta que ese tipo de imágenes se está compartiendo en nuestro país, se reporta a Paraguay, proveyendo los datos personales de la persona que aparece en su cuenta, y también la dirección IP desde el cual se conectó. Sin embargo, si en la cuenta no hay muchos datos personales, la investigación es difícil de avanzar, ya que esa dirección IP en realidad no revela ningún dato de identificación personal, porque eso no queda almacenado. Del total reportado, eso pasa por un filtro, por lo que “ese 34% (de casos de pornografía) es solamente de aquellos en que las cuentas tienen un número de teléfono asociado”, acotó Krone.

Desde la semana pasada, ese panorama cambió un poco, ya que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) firmó una resolución en la que se obliga a los licenciatarios del servicio de acceso a internet y trasmisión de datos a conservar por seis meses el registro de conexión, y los datos IP. Esto servirá para los casos de ciberdelincuencia, entre ellos, los que tienen que ver con pornografía infantil.

Esto fue celebrado por el Ministerio Público, ya que desde hace once años lo venía pretendiendo. Con esto, A partir de febrero del 2025 ya se va a poder investigar los 66 por ciento de casos restantes, confirmó Gunter Krone.

PREOCUPA. Sostuvo, además, el vocero que es una alarma el alto índice de casos.

Desde el punto de vista social, “este número (2.879 casos) significa que hay un alto consumo de material de pornografía infantil, que, sumado al maltrato infantil y al abuso infantil –que el 80 por ciento se da en el ámbito familiar–, produce un daño físico a un niño que no estaba preparado para recibir, aprovechando su inocencia o su voluntad”, acotó.

La realidad es que hay menores de edad que ni siquiera pueden levantar la mano e informar que están siendo abusados.

“Los chicos son el futuro de nuestra sociedad y una persona que sufre abuso tiene daños irreversibles. Algunos no pueden recuperarse, tienen problemas de relacionamiento social y siguen siendo estigmatizados”, dijo Krone.

Por otra parte, precisó una segunda preocupación, y se trata de que el Ministerio Público no cuenta con recursos suficientes. Hoy son cuatro o cinco fiscales asignados para investigar 600 casos y todos los días siguen llegando denuncias. Recordó que hace poco, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, sostuvo que, lastimosamente, muchas causas no pueden ser investigadas a fondo, por lo que estas quedan impunes, porque no existe toda la capacidad humana y de herramientas para investigar.

La Cifra
14.852 causas abiertas se reportan hasta ahora, en que niños, niñas y adolescentes habrían sido víctimas de abuso sexual o físico.

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Gunter Krone, vocero.

Las cifras, las secuelas y las formas de prevenir el abuso

En el año 2023 fueron denunciados 108 casos de pornografía infantil, que afectan a niños y adolescentes, pero fueron causas abiertas solo a partir de denuncias hechas por colegios, padres o las propias víctimas, no a partir de los reportes recibidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Ncmec), que luego de dos años, este 2024, a finales de febrero, se volvió a activar.

De enero a setiembre de este año, también hubo un alto índice de denuncias por abuso sexual infantil, llegando a 2.503 casos, hasta este setiembre, según la Dirección de Acceso a Información Pública. De estas cifras, es importante remarcar que la vulneración predomina sobre las niñas, con el 79 por ciento de los hechos que las tienen como víctimas.

Entre algunas recomendaciones, se señala que un niño que aparece en una imagen de contenido pornográfico siempre es un niño abusado, por lo que desde el Ministerio Público alertan que hay secuelas físicas sicológicas que deja un caso de abuso, entre las que se destacan la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, una baja autoestima y cambios en la conducta y en el desarrollo educativo.

“La explotación sexual se refiere a cualquier abuso o intento de abuso en una situación de vulnerabilidad, en una relación de poder desigual o una relación de confianza, con fines sexuales o para aprovecharse material, social o políticamente de otra persona”, explicaron desde el Ministerio Público.

Por último, denunciá cualquier abuso infantil al 147.

Proyecto de ley

A principios de octubre se retomará las tratativas en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que “dispone la obligatoriedad de la conservación de datos de tráfico de internet, para combatir la pornografía infantil y otros delitos informáticos”. Esto será un paso más hacia el control de datos de internet en contra de estos delitos. “Una ley va a tener mayor peso que la resolución administrativa de la Conatel. Es un paso importante para poder tener herramientas contra aquellos hechos punibles en los que se utiliza la tecnología”, anunció Gunter Krone. Lo que se analizará primero es si el proyecto colisionaría contra derechos establecidos en la Constitución Nacional, como el derecho a la intimidad o la presunción de inocencia.

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