La oposición en la Cámara Baja teme que desde la propia Comisión Especial evaluadora respecto al estudio del pedido de intervención a la Gobernación del Departamento Central, a cargo de Hugo Javier, se trabe y dilate el proceso para que el tema no quede resuelto antes del receso parlamentario. Esto es debido a que existe una mayoría colorada y cartista dentro de la comisión que podría maniobrar en favor del imputado ex conductor de radio y televisión.
El temor fue expresado por el diputado Édgar Acosta (PLRA), quien mencionó que si en vez de acelerar el proceso se determina dilatar y no culminarlo hasta que llegue a plenaria este 2021, se estará afectando la imagen del Congreso. Recordó que todos los hechos obran en la comisión.
“Debe salir de este periodo legislativo, no se puede derivar a otro periodo y está la imagen de la Cámara de Diputados en juego”, señaló.
Agregó que sus colegas cartistas, es de público conocimiento que defienden al gobernador.
“En gran medida depende de Añetete porque gran parte de la ciudadanía sabe que Honor Colorado está protegiendo a Hugo Javier”, manifestó.
Trajo a colación que la comisión tiene como plazo máximo los 15 días hábiles para expedirse. En este periodo debe ser convocado Hugo Javier para su descargo así como conocer las denuncias de propia boca de los concejales.
Acosta señaló que como incluso el dictamen que tome la comisión “no es vinculante”, no deben haber trabas para finiquitar esto antes que empiece el receso parlamentario.
“No veo impedimento de acelerar las cosas, pero dentro de la formalidad. Hay mucha información y por la seriedad de la institución de la Cámara y la importancia que reviste este caso y la magnitud de todas las denuncias –la imputación suya y su plana mayor–, esto debe ser una decisión política”, sostuvo.
El legislador liberal ahondó en el hecho de que ni siquiera quiere hacer rever de su postura a sus colegas que defienden a Hugo Javier, sino que sencillamente se ponga a votación cuanto antes.
“No hay vuelta que dar porque va a ser una irresponsabilidad de la Cámara que un tema tan importante no quede finiquitado en este periodo”, dijo. El legislador liberal agregó que de 13 miembros titulares, los 6 de oposición “están en una voz unánime por la intervención”, pero que depende de Añetete.
“Como Honor Colorado está con el gobernador, entonces recae en los miembros designados por Añetete y dependemos de la decisión que tomen ellos”, refirió.
Sostuvo que se verá la coherencia del equipo del vicepresidente Hugo Velázquez, que últimamente pregona transparencia.
La diputada Kattya González dijo que en el periodo de 15 días hábiles para que se tenga el dictamen, los integrantes pueden “constituirse para verificar las obras inconclusas o fantasmas denunciadas por la Junta Departamental”.
Sería una irresponsabilidad de la cámara que un tema tan importante no quede finiquitado en este periodo. Édgar Acosta, diputado del PLRA.
Tenemos atribución de constituirnos para verificar las obras denunciadas como fantasmas por la Junta. Kattya González, diputada del PEN.
Esquema fraudulento en Central
Pese a la imputación de Hugo Javier y toda su plana mayor por delitos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, quedan aún dudas acerca de si la Cámara Baja alcanzará a votar por la intervención para que se auditen a profundidad las denuncias contra el gobernador y su equipo. El panorama en la Cámara de Diputados no está cantado puesto que para definir la intervención se necesitan 41 votos y la oposición tiene solo 37, de los cuales algunos votos liberales son más afines al cartismo. Por eso, se apela a la interna de la ANR que está en discordia y, en ese sentido, esperan el apoyo de Añetete, que tiene 21 miembros, contra 22 de Honor Colorado.
El caso. El gobernador Hugo Javier González fue imputado este año por su gestión en supuestas facturas falsas. El caso se inició con la denuncia de la Secretaría Anticorrupción y la SET, por supuesto desvío multimillonario en la Gobernación. Aun así la imputación se demoró. Fueron procesadas en total 15 personas integrantes del supuesto esquema para obtener dinero con obras fantasmas. Algunos de los montos más gruesos que no tienen respaldo concreto son de G.5.105 millones; G.3.063 millones y G.2.042 millones.
