La venta de cargos en el Instituto de Previsión Social (IPS), que se compara con la trama de estafa del sistema Ponzi, se emulaba también como pasantías en las instalaciones del Hospital Central. Una organización no gubernamental (ONG) está bajo la lupa por ofrecer incluso puestos laborales como pasantías, pero sin convenio con la previsional, explicó el abogado José González, director Jurídico del IPS.
“Lo grave es que nosotros no tenemos convenio con ninguna fundación. No están autorizados a ingresar tampoco a la institución”, añadió.
La nueva administración recibió denuncias de pasantes “irregulares” en el Hospital Central y como medida, en el marco de la pesquisa, en setiembre pasado se dispuso una advertencia a los jefes de servicios que permitían esta situación irregular.
“Por eso el presidente (doctor Jorge Brítez) había dispuesto una circular responsabilizando también a los directores o jefes de departamentos si ellos permiten el ingreso de personas que no forman parte del plantel de recursos humanos y que no comuniquen a las máximas autoridades de esta situación”.
Tras esta advertencia, los implicados desmantelaron el enrolamiento en el IPS y los trasladaron a un domicilio particular, dijo.
ANTECEDENTES. Según datos extraoficiales –de una fuente que se refugia en el anonimato por temor a las represalias– las personas eran reclutadas como pasantes supuestamente por Zulma Villalba, cuyo contrato venció el 31 de diciembre.
Incluso, la ONG pagaba el salario mínimo legal vigente a los supuestos pasantes que eran ubicados en el subsuelo del Hospital Central, ante la atenta mirada e inacción de los jefes de servicios. El sistema Ponzi estaba en marcha.
Zulma Villalba es una de las detenidas e imputadas en el caso. Ella cumplía funciones como secretaria en el Servicio de Clínica Médica II, dependiente de la Dirección Médica del Hospital Central y de la Gerencia de Salud. Supuestamente, era la que encabezada el nexo con la ONG.
En Clínica Médica II se instalaron los pasantes, según la denuncia. El caso fue denunciado a las autoridades del Hospital Central desde setiembre en reiteradas ocasiones –según la fuente–, pero rápidamente se desmantelaban las oficinas improvisadas de los pasantes o simplemente eran llevados a otras oficinas para el trabajo de “ordenador”. La fuente incluso aseguró que pese a las denuncias, los jefes de servicios le advertían que haga caso omiso a las irregularidades. Lo más llamativo era que las personas no figuraban en ninguna planilla, pero que cobraban el dinero de la ONG, contó.
La rosca no solo ofreció cargos para personal administrativo, sino que también para personal de blanco. Las estafas eran desde G. 2 millones a 20 millones, dijo. La investigación sigue su curso y se estiman más implicados en el caso.
Anteanoche, se allanó la Fundación Stella Marys, cuyos directivos negaron la vinculación con el caso y alegaron “homonimia”. (Más detalles en página 39).
3.000 personas se estiman que fueron estafadas por la red de venta de cargos en el Instituto de Previsión Social.
20.000.000 millones de guaraníes es el monto más alto que pagaban las personas para acceder a un puesto en IPS.
Auditoría interna sigue su curso
A la par de la investigación de la Fiscalía en el caso de la red de venta de cargos, el IPS prosigue con la auditoría interna. Los avances de esta pesquisa se comparten con la Fiscalía, por lo que cada semana se amplía la lista de implicados. “La auditoría se aporta al Ministerio Público para la investigación”, explicó el abogado José González, director Jurídico del IPS.
De los 13 detenidos e imputados en el caso de la supuesta venta de cargos para el IPS, 8 son funcionarios o ex funcionarios que están en proceso de sumario, no se les renovó el contrato o fueron desvinculados, tras las imputaciones correspondientes.
