Tras participar de una audiencia en la Comisión de Legislación del Senado sobre el proyecto de ley sobre redireccionar los recursos de Hambre Cero, el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, afirmó que el principal argumento utilizado para impulsar el proyecto de modificación de la ley es que “hoy no se está cumpliendo con los porcentajes establecidos en la ley de compra a los pequeños productores”. Sin embargo, aseguró que “las compras que se realizan por el programa Hambre Cero en todos los departamentos son compras que hacen las empresas proveedoras de los pequeños productores y ningún insumo del programa es extranjero, excepto la sal”.
“El resto de los insumos que se utilizan en el programa son compras que se realizan de la agricultura familiar campesina o de las micro y pequeñas empresas que trabajan en la intermediación de las compras”, sostuvo.
Explicó que muchas empresas no compran directamente de las fincas productoras debido a los requisitos de formalización exigidos por la normativa. “Hambre Cero requiere que todos los proveedores estén formalizados, tengan RUC y registros sanitarios porque al final lo que maneja el programa es alimento para los niños”, indicó.
En ese sentido, rechazó las críticas sobre el modelo actual. “Aquel discurso de que esto va a beneficiar al carnicero de la esquina o al tambero de la otra esquina es una falacia porque el manejo de alimentos requiere procesos fitosanitarios que son importantes de respetar”, expresó.
Soto señaló que el Consejo de Gobernadores apoya una mayor inclusión de pequeños productores, aunque insistió en que la solución pasa por facilitar los procesos de formalización.
“Queremos que ese pequeño productor tomatero que tiene 3.000 o 5.000 plantas pueda formalizarse fácilmente, sin demasiada cantidad de documentos y pueda finalmente vender”, manifestó.
Sobre las sospechas de compra de productos de contrabando dentro del programa, aseguró que las gobernaciones no permiten compras de mercaderías extranjeras. “El tomate, la cebolla, la papa, la zanahoria y todo lo que incluye el programa son compras registradas que tienen certificado de origen”, afirmó.
Soto también cuestionó el planteamiento de transferir la administración del programa a los municipios. “El hecho de cambiar la administración y atomizar esto, y sean 263 contratos, no va a solucionar el problema de raíz”, sostuvo.
Añadió que el verdadero desafío es lograr que los pequeños productores ingresen formalmente a la cadena de valor. “La solución es más estructural. Debemos trabajar como República del Paraguay para planificar mejor la producción y para que nuestros pequeños agricultores se incorporen formalizadamente a la cadena de valor”, dijo.
