El inicio de clases pone nuevamente el programa Hambre Cero en el escenario, sobre todo, en un contexto de crisis financiera del sector público con ajustes que van a caer en programas que afectan a la población en lugar de mejorar la calidad del gasto. Aunque el país experimentó crecimiento económico en las últimas décadas, la distribución desigual de sus beneficios dejó persistentes niveles de pobreza y vulnerabilidad alimentaria, sobre todo, en Pueblos Indígenas y en la niñez, grupos sobrerrepresentados en estos indicadores.
Algunos resultados preliminares señalan que este programa, donde fue bien implementado, contribuyó a reducir las necesidades alimenticias de la niñez, dados los bajos ingresos generales de las familias paraguayas y a aumentar la asistencia y permanencia en el sistema educativo. Entre otros resultados, también se encuentra la incorporación de productores locales y de pequeñas y medianas empresas como proveedores, lo que debería tener impacto en las comunidades locales.
A pesar de avances, la implementación del programa enfrentó problemas significativos. Primero: La cobertura es baja y excluyente, muchas áreas rurales y comunidades indígenas continúan con acceso insuficiente o intermitente. El anuncio oficial señala que al inicio de las clases este año solo 90 distritos, 3 departamentos y 450.000 niños y niñas se beneficiarán, quedando excluidos miles que se encuentran en situación de pobreza o altos niveles de vulnerabilidad.
Segundo: La calidad y diversidad nutricional de las raciones no siempre cumplen estándares recomendados, lo que ha sido denunciado por padres y docentes. Es inadmisible que el sector público acepte proveedores que jueguen con la salud de la infancia. La participación activa de los padres fiscalizando la calidad de los alimentos es imprescindible en programas como estos y está pendiente su incorporación de manera formal y permanente como parte de cualquier proceso de auditoría social a un programa público.
Tercero: La corrupción y la falta de transparencia en licitaciones y compras públicas han sido señaladas como factores que desvían recursos o reducen la eficiencia del programa. Recientemente, las luchas internas del Partido Colorado han evidenciado el manejo prebendario del programa, lo que lleva a ineficiencias y a problemas de sostenibilidad financiera.
Las mejoras en la eficiencia y la eliminación total de la corrupción y el prebendarismo son fundamentales, ya que son medidas indispensables para ampliar la cobertura y mejorar la calidad nutricional. Si bien el Gobierno anunció un control “implacable”, no es suficiente si se mantiene la impunidad ante hechos de corrupción evidentes.
El programa debe tender a fortalecer la compra de insumos locales provenientes de la agricultura familiar para diversificar la oferta y dinamizar las economías locales, muy golpeadas por una recesión económica a pesar del crecimiento del PIB.
La transparencia y rendición de cuentas en las compras públicas, auditorías y evaluaciones periódicas, mecanismos de seguimiento y denuncia ciudadana y participación directa de los padres y madres en el programa mejorarán la calidad y la confianza pública.
El Programa Hambre Cero en Paraguay constituye una apuesta para combatir la inseguridad alimentaria y mejorar la nutrición infantil, además de tener efectos potenciales en otros ámbitos, como en el aumento de la oferta de alimentos provenientes de la agricultura familiar y de pequeñas y medianas empresas.
Enfrentar los desafíos exige una estrategia integral y sostenida que combine inversión en infraestructura, fortalecimiento institucional, transparencia, monitoreo riguroso y penalización de la corrupción. Solo mediante un enfoque multisectorial y participativo será posible garantizar que el regreso a clases incremente no solo la asistencia escolar, sino también el derecho efectivo a una alimentación adecuada para todos los niños y niñas del país.
