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Mediante acuerdo con la UNA buscan disminuir hacinamiento en penitenciarías

Apuntar a la celeridad en los seguimientos de las causas procesales y disminuir el hacinamiento en todas las penitenciarías del país son algunos de los principales objetivos del convenio que fue firmado por el Ministerio de Justicia y la Facultad de Derecho de la UNA.

Según la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, en todas las cárceles del país hay más de 15.000 personas privadas de libertad, de las cuales solo 5.000 tienen acceso a una defensa pública.

Por ese motivo, la cartera de Justicia y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) firmaron un convenio, para que los estudiantes apliquen sus conocimientos técnicos e investiguen y analicen las causas procesales.

Todo esto con el fin de solucionar el hacinamiento en las cárceles del país, disminuir la mora judicial y depurar algunas causas penales.

El acuerdo fue firmado por la secretaria de Estado y por el decano de la Facultad de Derecho, Raúl Torres Kirmser.

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La UNA pondrá a disposición a profesionales designados por el consultorio jurídico en coordinación con las cátedras afines.

La coordinación y evaluación de los trabajos de seguimiento procesal de las personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad se realizarán en las dependencias designadas por las instituciones, que supervisarán a los grupos de estudiantes de la carrera de Derecho.

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El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), en su último informe sobre las Muertes Bajo Custodia, desde 2013 hasta 2016, registra un total de 166 personas fallecidas en cárceles y centros educativos.

En su momento, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Alberto Martínez Simón mencionó que la aplicación abusiva e indiscriminada de la prisión preventiva a personas que afrontan un proceso penal podría ser uno de los elementos que suman a la congestión de las cárceles de todo el país.

Constantes riñas, fallecidos y fugados son algunos de los hechos registrados en las penitenciarias del país. Todo esto, también, deja en evidencia la situación inhumana en la que permanecen los reclusos.

El último hecho registrado fue la masiva fuga de 76 reos el pasado 19 de enero de la cárcel de Pedro Juan Caballero. La mayoría de los reclusos son considerados de alta peligrosidad.

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