Los cinco sindicatos de agentes penitenciarios se congregaron frente al edificio del Ministerio de Justicia, ubicado sobre la avenida Rodríguez de Francia y Estados Unidos, con el objetivo de presionar al ministro Édgar Olmedo para que acompañe el proyecto de ley que ya cuenta con media sanción en Diputados.
En ese sentido, Ladislao Resquín, del sindicato de Tacumbú, señaló que están pidiendo que el Senado apruebe la versión de Diputados para volver a cobrar el beneficio.
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Se trata del proyecto de ley “Que modifica el clasificador presupuestario de la Ley 6873/2022 ‘Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022'”, sobre subsidio familiar para guardiacárceles.
Además del cierre de la arteria, los agentes penitenciarios no están haciendo traslados de presos a sus audiencias como medida de protesta.
El subsidio que se reclama consiste en la suma de G. 850.000 sobre el salario y el cual se les está otorgando solo a los funcionarios que realizan 24 horas, que serían unos 500 trabajadores, mientras que otros 800 guardiacárceles quedan fuera de la bonificación.
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También reclaman que son unos 1.300 guardias nombrados y 600 contratados los que reciben solo un salario de G. 2.200.000, pese al riesgoso trabajo que realizan.
“Es un salario miserable, tenemos que hacer malabares para llegar a fin de mes”, había manifestado Juan Velázquez, también miembro del sindicato.
En el caso de Tacumbú, habían denunciado que son solo 35 guardias para un total de 3.000 internos por turno.
El proyecto fue aprobado, con modificaciones, durante su debate en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados del pasado 27 de abril.
