La determinación de declarar persona no grata al presidente Santiago Peña constituye un pronunciamiento institucional en medio de la crisis financiera que afecta a miles de usuarios de ueno bank y genera preocupación en distintos sectores de la ciudadanía.
El caso tomó dimensión nacional luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera el proceso de resolución de ueno, tras detectar graves problemas de solvencia.
La medida derivó en la intervención de la entidad, restricciones operativas y dificultades para que numerosos clientes pudieran acceder a sus fondos, generando incertidumbre, reclamos y preocupación, especialmente entre personas que dependen de sus ahorros para cubrir gastos cotidianos.
En ese contexto, durante el debate, el concejal departamental Rubén Pilo Fanego sostuvo que la prioridad de los representantes políticos debe estar en las calles, acompañando a la ciudadanía y atendiendo las necesidades de las familias afectadas antes que concentrarse en disputas por cargos o internas políticas.
Señaló que ya activó asistencia para varias familias y anunció que volverá a realizar una jornada de ayuda durante la tarde de este jueves.
Fanego insistió en que la situación exige presencia y compromiso de las autoridades, considerando que existen ciudadanos que hoy no pueden disponer de su propio dinero y atraviesan dificultades para solventar sus gastos diarios. En ese sentido, instó a sus colegas y demás referentes políticos a involucrarse directamente y brindar respuestas a quienes necesitan ayuda inmediata.
La declaración de persona no grata se suma a una serie de pronunciamientos políticos e institucionales que surgieron tras la intervención de ueno, un caso que trascendió el ámbito financiero y abrió un fuerte debate sobre las responsabilidades de las autoridades, el manejo de los recursos y la protección de los ahorristas.
El BCP informó que la insuficiencia del índice de solvencia de ueno bank cayó por debajo del 50% del mínimo requerido. El organismo inició el procedimiento de resolución y estableció la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta G. 228.300.000 por depositante y por entidad financiera.
