No es justo, según el gremio, ofrecer un servicio por el cual no se está pagando. Así se refirió Armando Ficcorilli, de la asociación mencionada al pronunciarse en contra de la aprobación de la reglamentación que faltaba a la ley que garantiza el derecho de los niños en instituciones que no dejan rendir a alumnos por morosidad.
Un año después de promulgarse la Ley Nº 5738, que “garantiza los derechos del niño y adolescente que estudia en colegios privados”, el MEC estableció su reglamentación hace unos días y el debate al respecto se encendió en varios sectores.
A criterio de Ficcorilli, “el tema se repite todos los años. Esta resolución aprueba una reglamentación del MEC que reglamenta la Ley correspondiente”. Para él, no hay novedad en el tema debido a que siempre “vienen con lo mismo”.
El grupo no está de acuerdo con la disposición de la cartera educativa debido a que, a criterio del sector, cualquiera puede hacer una denuncia sin pruebas siquiera ante el Ministerio que actúa de oficio y puede intervenir el colegio sin antes saber más del caso.
En la norma del MEC, los colegios, ubicados en capital y Central respectivamente, podrían ser los primeros en ser multados con la nueva reglamentación de la normativa que fue promulgada unos días atrás.
La ley se promulgó promovida por la cartera educativa debido a las numerosas denuncias que surgen cada año en centros educativos donde prohíben tomar exámenes a chicos cuyas familias adeuden cuotas.
Hasta G. 92.000.000 pueden recibir como sanción económica si se incumple una o más faltas. En casos de reincidencia, la amonestación supera los G. 100.000.000.
El gremio rechaza esta normativa por vacíos legales, dijeron, y piden que se retroceda. Piensan en unir fuerza para hablar al respecto con el ministro de Educación, Enrique Riera, para evitar que siga el tema y afecte al sector empresarial. “Queremos saber el alcance de la ley, por sobre todo”, refirió en contacto con Radio La Unión.
Agregó que existe una morosidad del 60% en las cuotas en todo el territorio nacional, lo cual se va reduciendo a comienzos de los exámenes finales y que la cuestión se soluciona con acuerdos administrativos entre padres y directivos del colegio.
La ley habla de cuatro categorías de prohibiciones que se promulgaron en una nueva resolución firmada por el ministro Enrique Riera el pasado 23 de octubre.
Desde denegar el derecho a las parciales y finales hasta hacer público el estado de cuenta de las familias se encuentran entre las restricciones para los establecimientos escolares.
Si hay reincidencia, la sanción económica, que va dirigida a la institución y no a personas físicas como directores o administradores, el castigo puede superar los G. 100.000.000 o 50 salarios mínimos actuales.
El cumplimiento de la norma es obligatorio para todas las instituciones privadas o centros habilitados por el Ministerio de Educación y Ciencias que brinden el servicio público en todos los niveles y modalidades.
