Con justa razón, la gente se indigna cuando se le mete la mano en su bolsillo en nombre de la “sensibilidad humana” de un legislador. La pensión graciable concedida a Romerito volvió relevante un tema que lleva décadas sin resolverse. Los parlamentarios reparten dichas pensiones de un modo aleatorio, pero que invariablemente favorece a personas de su entorno familiar o político. La mayoría de los elegidos son allegados ancianos o enfermos de algún operador partidario. No está mal que se ayude a personas incapaces de sostenerse económicamente en su vejez; lo que se critica es el criterio con el que se elige a quién sí y quién no.
Cuando la plata es ajena, los legisladores son magnánimos. Claro, ellos quedan bien con sus votantes, pero los que pagamos su generosidad somos nosotros. En el pasado cercano, los abusos ya provocaban enojos. Hace una década casi el 40% de los proyectos presentados en el Senado eran pensiones graciables. Hubo parlamentarios que presentaban exclusivamente proyectos de ese tipo. Curiosamente, el campeón de la repartija masiva de estas pensiones era el abanderado del mercado y el eterno detractor de los gastos del Estado, Alfredo Jaeggli. Entre el 2003 y el 2009 el entonces senador liberal había presentado 90 proyectos de ley; solo que 65 de ellos eran pedidos de pensión graciable.
El descontrol fue tanto que ya en 2013 diputados liberales propusieron –inútilmente– suspender su concesión durante cinco años. En realidad bastaría con cumplir la ley marco de 2010 que regula el otorgamiento de dichas pensiones. Allí están claramente especificados los requisitos exigidos. Sin embargo, la misma es olímpicamente ignorada en cada nuevo proyecto presentado, lo que ocasiona un gasto de un millón de dólares anuales.
Si dichos beneficios fueran bien direccionados, la recibirían personas que hicieron un aporte importante al país y hoy pasan por penurias económicas. Eso será difícil mientras todo quede al arbitrio de diputados y senadores que consideran que el dinero público no es de nadie y entonces lo pueden usar ellos aunque luego lo paguemos todos.
Así es como terminamos pagando a caseros (José María Ibáñez), niñeras (Víctor Bogado) y empleados (Tomás Ever Rivas) como si fueran funcionarios del Congreso. Nos hacemos cargo de sus viajes y viáticos a destinos exóticos para “participar” de seminarios sobre temas aún más exóticos.
Cargamos con el costo de sus salarios y gastos de representación, les solventamos el combustible (incluso a los barones ociosos del Parlasur) y costeamos el sueldo de sus paquitas, chongos y operadores en sus oficinas parlamentarias. A esta gente, pedirles que no abusen con las pensiones graciables sería demasiado.
