Víctor Ortiz Benítez
@pinchi_ortiz
El Ministerio de Obras Públicas (MOPC), bajo la pasada administración de Rodolfo Segovia (agosto del 2022 a agosto del 2023), precalificó a dos empresas brasileñas ligadas al Lava Jato para pugnar por un millonario contrato para la ampliación de la ruta PY01.
En principio, eran tres, OAS (Coesa Construção e Serviços), Álya Constructora SA (Ex Queiros - Galvão) y AG Construções e Serviços. Sin embargo, la primera fue descalificada, no así, las restantes dos que siguen en carrera para quedar con lotes del llamado a licitación para la ampliación y mejoramiento de la ruta PY01 en el tramo “Cuatro Mojones-Quiindy”. La longitud de las obras es de 108 kilómetros. El llamado está en proceso de evaluación.
Antecedentes. Álya Constructora SA (Ex Queiros - Galvão) es una de las dos firmas ligadas a la citada megainvestigación contra la corrupción, ocurrida en el Brasil en el 2014.
Fue declarada como “empresa no idónea”, a fines de enero del 2020, por la Contraloría General de Brasil para suscribir contratos públicos con el Gobierno brasileño por su implicación en hechos de corrupción. La firma es una importante constructora con obras en diferentes países de América Latina y África.
La medida fue adoptada debido a que la constructora actuó “en defensa de intereses oscuros y particulares, de forma concertada y engañosa, para frustrar, desviar y defraudar licitaciones de Petrobras en complicidad con otras empresas”, según reza el comunicado publicado en ese entonces.
En mayo del 2022, la empresa pasó a llamarse Álya Constructora SA. El cambio de nombre de la empresa sigue un patrón que se ha repetido entre los grupos involucrados en la operación Lava Jato en los últimos años.
Álya Constructora SA integra el Consorcio Rutas del Mercosur con Tecnoedil SA, Construpar SA y Semisa Infraestructuras SA.
A pesar de su inhabilitación, la empresa fue precalificada por la cartera de obras.
La otra firma es AG (Andrade Gutierres) Construções e Serviços. En el 2018, esta constructora brasileña firmó un acuerdo de clemencia con las autoridades en el que se comprometió a devolver a las arcas públicas 1.490 millones de reales (USD 382 millones al cambio de ese momento) por daños y perjuicios.
Esa cantidad deberá ser pagada en un plazo de 16 años en concepto “de daño, enriquecimiento ilícito y multa en el marco de 54 contratos fraudulentos envolviendo recursos públicos federales”, procedentes principalmente de la petrolera estatal Petrobras, según un comunicado del Ministerio de Transparencia y la Abogacía General de la Unión (AGU) en ese momento.
AG Construções e Serviços forma parte del Consorcio AG-TOCSA. Justamente, esta última empresa acompaña a la firma brasileña en el consorcio.
Con este nefasto antecedente, también fue precalificada por dicha cartera del Estado.
Inhabilitada. La única de las tres firmas ligadas al Lava Jato que sí fue descalificada para participar fue OAS (Coesa Construção e Serviços).
La empresa se dividió en dos y cambió de nombre; Coesa y Metha. El Tribunal de São Paulo declaró en quiebra a Coesa en junio del 2023, aceptando los argumentos de los acreedores de que las transacciones corporativas promovidas por OAS habían sido “fraudulentas”.
La deuda de Coesa ascendía a USD 135 millones y los acreedores aún no han recibido los pagos correspondientes al plan de recuperación del antiguo grupo OAS, que totalizan USD 927 millones.
