Lo que prácticamente estaba normalizado como violencia urbana, que afecta a diario a la población, ha ido creciendo y se está transformando en un verdadero monstruo, al cual el Gobierno no está prestando atención. Ahora se están volviendo parte de la rutina los enfrentamientos entre pandillas como parte de la disputa territorial de los narcos. Estamos viviendo una regresión en cuanto a hacer efectivo el derecho ciudadano a una vida segura. Sin un combate decidido al crimen organizado, el país se volverá cada vez más inseguro.
De la misma manera en la que se ha extendido la violencia del crimen organizado que tenía por escenario casi exclusivamente las zonas de frontera hasta desembarcar en todas las ciudades del país, nuestros barrios y calles, la nueva forma de expresión de la violencia urbana adquiere actualmente el formato de las pandillas juveniles. No caben dudas de que esta es una manifestación más del retroceso que vive nuestra democracia y nuestro Estado de derecho. Lo que sucede no se trata de una percepción de la gente, como acostumbran las autoridades a decir para justificar su inacción. Recientemente, hubo dos enfrentamientos como consecuencia de la disputa entre microtraficantes. Uno de ellos se produjo entre dos hombres frente a un local gastronómico, en el centro de la ciudad de San Lorenzo. Como consecuencia del tiroteo cuatro personas fueron heridas, dos de ellas víctimas colaterales. Otro enfrentamiento a tiros en el barrio Ricardo Brugada, La Chacarita, de Asunción, dejó una víctima fatal y una niña de 5 años con herida de bala.
Otro episodio preocupante se dio durante el funeral de un joven de 18 años, quien fue despedido por sus amigos y familiares entre bombas y disparos al aire. Este joven había muerto durante un intento de asalto en el barrio Santa Ana de Asunción; Jonathan Franco, de 18 años, contaba con antecedentes por robo y robo agravado.
Estos hechos nos hacen preguntarnos sobre lo que está sucediendo en nuestra sociedad ante la impávida mirada de las autoridades. Aunque queda en evidencia que desde hace tiempo se ven sobrepasadas, y no encuentran el rumbo ni logran pergeñar un plan operativo para prevenir el crecimiento y la expansión de la violencia urbana.
Uno de los estudiosos de la problemática, el criminólogo Juan Martens, explica que nos encontramos ante el afianzamiento territorial de los grupos delictivos, y que nada de lo que sucede sería posible sin la complicidad de autoridades de seguridad. También advierte que el Gobierno no tiene un plan estratégico.
Resulta bastante evidente que nuestras autoridades están fracasando en la labor que se les ha encomendado como funcionarios del Estado, vale decir, resguardar la seguridad de la población. Es una obviedad decir que no se puede gobernar sin conocer la realidad del país y sin datos, sin información, pero lamentablemente esto es lo que sucede en el país actualmente. Exactamente como sostiene el criminólogo, “para que una política de seguridad tenga éxito tiene que partir de la identificación de los principales problemas de violencia e inseguridad de cada región, ciudad o barrio. Se debe planificar a partir de los datos empíricos de la realidad relevada”.
Nada de esto será posible mientras las autoridades electas y los funcionarios de Gobierno sigan ofreciendo meras excusas basadas en percepciones y opiniones, y respondiendo solamente con discursos vacíos y populistas. Deben, por el contrario, admitir la realidad del avance del poder narco en la sociedad, la fragilidad de las instituciones, y aquí no pueden negarse a admitir la cantidad de uniformados que caen en la corrupción y que son descubiertos incluso cometiendo delitos. Por último, la situación que estamos viviendo también se debe a la profunda desigualdad y pobreza que padece el país, que no ofrece oportunidades a niños y jóvenes. Sin salud ni educación públicas de calidad ni empleo digno, ¿qué futuro aguarda a los jóvenes?
